La Ferrari es mía.

Por Pepe Eliaschev.

Los aviones. La quinta de Olivos. El dinero de la publicidad. En la Argentina de 2009 se ha concretado una fenomenal transferencia de recursos públicos a un conjunto de ciudadanos a los que la sociedad contrató sólo para hacerse cargo temporalmente de los asuntos del Estado.

Los aviones. La quinta de Olivos. El dinero de la publicidad. En la Argentina de 2009 se ha concretado una fenomenal transferencia de recursos públicos a un conjunto de ciudadanos a los que la sociedad contrató sólo para hacerse cargo temporalmente de los asuntos del Estado.

Los capítulos de la saga se suceden sin que el poder político vigente atine a explicar, al menos, con qué criterios razona y de acuerdo a qué normas procede.

Es notable el caso de la residencia presidencial de Olivos, reconvertida en la sede de las tratativas partidarias del ex presidente de la Nación, cuyo único cargo conocido en la actualidad es el de presidente del Partido Justicialista.

Inútiles han sido comentarios ácidos y críticas abiertas: Olivos es un espacio físico políticamente neutral, habilitado para que viva un primer mandatario y su familia, u ocasionalmente para que un presidente en funciones la use para sus actos de gobierno. No puede ser sede de una fracción política, ni tampoco el lugar donde a gobernadores, intendentes y legisladores les baja línea el jefe del partido.

Sin embargo, el oficialismo no se mosquea ante las objeciones y Olivos es hoy cuartel general del espacio político gobernante donde un ex presidente ejerce, de hecho, la conducción política del Estado. En un sentido literal, es una auténtica usurpación, pero que ha sido naturalizada, parte de un fenómeno de anomia anestesiante: ya nada asombra y nada enoja demasiado.

No es el único caso. La escandalosa sustracción de un avión oficial para que Julio Cobos no pudiera viajar y constituirse en Tartagal después del calamitoso alud, es un caso de libro de texto. Le birlaron el transporte para que dos ministros llegaran a Salta antes que él, con la mediática ayuda oficial. Hasta se fotografiaron dentro del aparato, para rociar de sal la humillante decisión contra el vicepresidente. Horas más tarde, recién llegada del boato monárquico madrileño, la Presidenta también voló a Tartagal, donde se fotografió con las pantorrillas emba-rradas.

Nada nuevo en el peronismo, claro, porque el vaciamiento de la vicepresidencia tiene antecedentes de fuste. En 1973, Perón echó a los mandatarios electos (Cámpora y Solano Lima), sacó del país a su sucesor en la línea presidencial (José Antonio Allende) y consagró presidente temporario al impresentable Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, hasta hacerse elegir en septiembre y asumir en octubre.

Las instituciones y las normas constitucionales nunca fueron una limitación verdadera para los proyectos políticos del pe-ronismo, que impulsó dos reformas (en 1949 y 1994) para ajustar la ley principal a sus apetitos particulares. Pero haber decretado la muerte civil de Cobos, que al producirse el alud de Tartagal ejercía formalmente la presidencia de la Nación, es un acto de mezquindad y rencor de sordidez sin antecedentes.

La flotilla de aviones del Estado, fatigada de ir y venir los fines de semana al paradisíaco Calafate para permitir la oxigenación sureña del matrimonio presidencial, es usada como patrimonio privado y excluyente. Es otro caso de usurpación magna.

Ahora, la Justicia acaba de garantizar un derecho que sólo la afiebrada pretensión de poder de las autoridades podía ignorar y violar. Efectivamente, la negativa del Gobierno a permitir que las publicaciones de Editorial Perfil participen, como el resto de los medios, de las campañas de comunicación del Gobierno mediante sus habituales pautas publicitarias, revela cómo se procedía en la materia hasta ahora.

Desde el segundo semestre de 2003 y hasta ahora, los US$ 100 millones por año que el Gobierno gasta como promedio en avisos son asignados por los funcionarios políticos de la Casa Rosada de manera personal, discrecional y arbitraria. Han usado esos fondos para premiar y castigar, promover y vaciar, como si se tratara de cajas privadas cuyo uso es competencia caprichosa de quienes firman los cheques.

La obsesión oficial por manejar esa caja de manera arbitraria no tiene paralelos en el pasado. El destino de las pautas publicitarias de los organismos del Estado es hoy fiscalizado, medio por medio, programa por programa y periodista por periodista, por el ex presidente, que bocha y bendice en función del acatamiento de cada quien a las necesidades del poder. Es penoso lo que sucede, para citar apenas sólo un ejemplo, en el Banco de la Nación Argentina, donde su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, una profesional competente y proba, siguió los pasos de su predecesora Felisa Miceli: la publicidad del banco se maneja, caso por caso, en la Casa Rosada y Olivos, sin que la titular del BNA pueda intervenir, ni quejarse, ni cuestionar nada.

Con estos dineros de la publicidad estatal se produce el mismo fenómeno que con los aviones y el uso de los edificios. El grupo gobernante se maneja con el criterio de que lo que es del Estado, es de ellos.

No son rasgos que sólo se encuentran en el Gobierno nacional. Durante su prolongadísima continuidad como funcionario de varios gobiernos peronistas, Felipe Solá manejó similares conceptos. Como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la pauta publicitaria de ese distrito la manejó él del mismo modo, con igual y arbitraria discrecionalidad, sin criterios profesionales ni cumplimiento de elementales normas de pluralidad.

Es lamentable, pero no novedoso. Hace muy pocos años, otro presidente justicialista, Carlos Menem, se negó a deshacerse de una impresionante Ferrari Testarossa que le habían dado unos empresarios coimeros y que condujo a velocidades ilegales hasta Pinamar. Se la quería quedar como propia y cuando le dijeron que la máquina había sido entregada al Estado argentino, no a él, vociferó su inolvidable “¡la Ferrari es mía!”.

Es casi constitutivo de un modo de ocupar el poder. Cuando el peronismo, desde siempre, se ufana de que asegura gobernabilidad, lo que garantiza en realidad es que su ocupación del aparato del Estado es tan maciza y total, que lo conduce, sí, pero al precio de convertir un mandato ciudadano en un título de propiedad.

Los gobiernos peronistas asumen y gestionan con la sincera convicción de que lo público es privado, de ellos, y que el mobiliario, los transportes del Estado y los recursos financieros están para ser usados por quienes, en verdad, sólo han sido contratados por la sociedad por un lapso determinado.

¿Hay excepciones en el peronismo? Claro que sí, pero muy ocasionales y precisas, y el caso de Daniel Scioli es uno de ellos. Por lo demás, la pauta es para amigos y siervos, Olivos se usa como unidad básica, y los aviones son sólo para los cortesanos, melancólicas muestras de una feroz decadencia civil que ilustran una manera aldeana, primitiva y anticuada de conducir a un país.

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