Felipe Solá contra las cuerdas

El juicio que se viene por un negociado en la compra de patrulleros blindados salpica al ex gobernador y al ex ministro León Arslanián. Pero también hay otros escándalos en puerta, como el triple crimen de la planta transmisora y el negocio del juego

El juicio que se viene por un negociado en la compra de patrulleros blindados salpica al ex gobernador y al ex ministro León Arslanián. Pero también hay otros escándalos en puerta, como el triple crimen de la planta transmisora y el negocio del juego

La campaña electoral va tomando un ritmo intenso, y generó conmoción que a sólo 19 días de los comicios legislativos el candidato de Unión-Pro, Francisco De Narváez, haya sido citado a indagatoria en la causa por el tráfico de efedrina (ver página 6).

Pero también comenzaron a aparecer otras causas, que tienen mucho más asidero y que salpican a Felipe Solá, compañero de lista de De Narváez. Concretamente, el ex gobernador manifestó cierta preocupación por la derivación de una causa en la que se investiga una defraudación en una compra millonaria de patrulleros blindados.

Pero, a diferencia de la causa de la efedrina, el caso que salpica a Solá, y principalmente a quien fue su ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián, se viene desarrollando hace casi cinco años y constituye uno de los principales puntos oscuros de lo que fue su gestión en la Provincia.

Tal como lo viene informando Hoy, hace poco más de un mes la Justicia platense ordenó la elevación a juicio oral de la causa que investiga si una partida de alrededor de 500 patrulleros policiales fueron fraudulentamente blindados en sus puertas laterales, pese a que la gestión del gobierno bonaerense contrató a una empresa privada para realizar esa "vital" tarea que protege la vida de los uniformados.

La resolución, adoptada por juzgado de Garantías nº 2, ordenó la elevación a juicio oral de la causa que se sigue contra los empresarios privados Ramón Santiago Igarreta e Italo Lattanti, en un fallo en el que sugiere la necesidad de investigar, además, las responsabilidades que puedan caberles a los funcionarios políticos que contrataron el servicio de "blindaje", supuestamente trucho. Es decir, a Solá y al entonces ministro Arslanián.

En los considerandos de la resolución, la Justicia consideró probado que "al menos parte de las mil cien camionetas entregadas por Igarreta con blindaje subcontratado a Lattanti no cumple con la norma Renar MA-02, es decir, no resisten el nivel de protección" obligatorio para proteger la vida de los efectivos policiales frente a la eventual represión de un delito que genere un tiroteo con los delincuentes.

Eso no es todo. Solá y Arslanián aún deben aclarar otros puntos oscuros de las contrataciones millonarias. Por ejemplo, durante la gestión del ahora candidato a diputado provincial se compró un moderno dirigible, que costó 180 mil dólares, y que no tiene utilidad práctica para combatir o prevenir el delito en la Provincia. Así es como la moderna maquinaria está depositada desde hace años en una oscura dependencia del bosque platense y, además, no se puede utilizar debido a que para moverla hace falta un trailer que cuesta unos 50 mil dólares. Tampoco hay personal que sepa usarlo.

"Muchas de estas polémicas contrataciones se hacen gracias a la ley de Emergencia, que impulsó Arslanián y que se renueva todos los años. Esta norma permite declarar prescindibles a policías, sin contemplar absolutamente ningún derecho laboral, y también posibilita los grandes negociados", le dijo a Hoy Miguel Angel Reynoso, titular de la Asociación de Profesional de Policías de la provincia de Buenos Aires.

Reynoso también recordó que hubo irregularidades con la compra de motocicletas, "que fueron adquiridas sin la frecuencia de radio que usa la Policía y que por eso tuvieron que salir a la calle sin equipo de radio". En efecto, en 2004 el ministerio de Seguridad invirtió 1.076.401,20 euros para la compra de 270 motocicletas Guzzi monoplaza y biplaza. Lo hizo sin licitación. Y pasando por alto un "detalle": no contrató service. Así es como estuvieron varios años paradas en los patios de las comisarías. Fuentes consultadas por Hoy aseguraron que en aquel entonces la firma Honda, con plantas de fabricación en la Argentina y cuyos repuestos se consiguen en el mercado nacional, también realizó una oferta que, en términos económicos, era muy similar a la concesionaria que resultó favorecida. Pero llamativamente no fue tenida en cuenta por Arslanián y su equipo.

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