Federalismo, a las apuradas

Por Diego Valenzuela

El fondo anunciado por la presidenta Cristina Fernández hace acordar a aquel que siguió a la sanción de la Resolución 125. En busca de justificaciones para el mantenimiento de las retenciones, se dijo entonces que las mismas tenían razón de ser porque financiaban gastos sensibles socialmente, mientras que hoy se las justifica con el argumento de que van a satisfacer la demanda de mayor federalismo que estaba pendiente.

Lo llamativo es esta repentina vocación federal de parte de un gobierno que, a lo largo de los últimos seis años, se dedicó a concentrar recursos en la Nación a costa de las provincias (especialmente de las más grandes y que más aportan a la "torta" nacional). No hubo nunca intención real de poner en debate el federalismo, y de hecho se sigue en deuda con la Constitución que ordenaba tener una nueva ley de coparticipación para 1996. No está claro, asimismo, que los fondos prometidos vayan directa y equitativamente a las provincias y a los municipios. Son numerosos los ejemplos de gobiernos locales que son discriminados por su posicionamiento político. Un caso es el de Junín, en la provincia de Buenos Aires, cuyo intendente es cercano a Julio Cobos.

Parece evidente que la idea trata de quitarles argumentos a los ruralistas y aspira a bloquear los intentos de tratamiento desde la oposición de un proyecto de ley para bajar las retenciones, que en principio no tiene quórum pero podría tenerlo más adelante. Por otro lado, las fugas en el oficialismo están latentes, y podrían ocasionar en el futuro una mayoría pro-campo que condicione la Caja y genera un golpe político. El anuncio persigue el objetivo de calmar a un Interior que está inquieto.

Para los productores lo anunciado no significa mucho, salvo que los recursos lleguen a provincias y municipios y ese dinero sea bien invertido en obras que mejoren la rentabilidad del sector. El mecanismo de transmisión es a todas luces indirecto. En cuanto a la inversión pública agregada tampoco significaría un cambio real, porque de hecho el Gobierno nacional ya venía gastando recursos nacionales en las provincias. No se trata de nuevos recursos, sino de los mismos que en lugar de ser manejados por la Nación serían gestionados, en parte, por los gobiernos locales.

En lo impositivo nos encontramos, de un día para otro, con un giro conceptual: la necesidad política hace que las retenciones, presentadas una y otra vez como no coparticipables, ahora pasen a serlo. Pero sucede que las retenciones son, más que un impuesto, un instrumento de regulación económica: en ciertos momentos se las sube para recaudar y controlar el precio de los alimentos, si se necesita contener la pobreza y si la ecuación económica del campo da espacio. Es la situación que las justificó en 2002. En cambio, hoy se las modifica conceptualmente para distribuir recursos fiscales y calmar los ánimos políticos. En ausencia del necesario debate de fondo sobre el federalismo en la Argentina (qué impuestos se cobran y cómo se distribuyen), se impulsa que las retenciones se conviertan en gasto público, lo que podría llevar a que parte de las obras provinciales y municipales dependan del precio de la soja en Chicago

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