Faro denunció a Rosso por cinco posibles delitos

El concejal del Frente Reafirmación Peronista, Salvador Domingo Faro, pidió una investigación judicial contra la intendenta. La señala como presunta autora de estafa, asociación ilícita, negociación incompatible con la función pública, falsedad ideológica y malversación de fondos.
"IPP (Investigación Penal Preparatoria) Nº 3972 UFI 14, Juzgado de Garantías" se lee en la carátula de la causa judicial que radicó el lunes Salvador Domingo Faro, en su carácter de concejal del bloque Frente Reafirmación Peronista para la Victoria del Concejo Deliberante. La denuncia sólo pasó por la Fiscalía 14 de Luján y fue derivada de inmediato a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas Nº 1, a cargo de Juan Ignacio Bidone, en Mercedes.

Tal como adelantó EL CIVISMO en su edición del miércoles pasado y en su página web, Faro se presentó ante el fiscal de turno para solicitar formalmente un pedido de investigación por la posible comisión de ilícitos ejecutados en forma reiterada en el ejercicio de su cargo por parte de la intendenta Graciela Zulema Rosso.

El hecho central de la denuncia consta en el decreto Nº 1396/2008 de Rosso, mediante el cual dispuso la contratación del señor Sergio Omar Correa, con el propósito que el mismo dictara cursos de capacitación y formación durante el período 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, se agrega que después de ese período, a través del decreto Nº 129/2009, la intendenta designa a Correa como personal administrativo Clase V con régimen de 40 horas semanales, en planta temporaria, para desempeñar funciones en la Delegación Municipal de Open Door, con vigencia entre el 5 de enero y el 30 de junio del corriente año.

"En ambos decretos, la intendenta ratifica y consiente como domicilio del señor Correa el de calle Las Heras 2086 de esta ciudad y partido. Lo curioso de todo esto resulta ser que Sergio Omar Correa, titular del DNI 16.066.668 en el mes de abril del corriente año –puntualmente el 19 de abril- debería encontrarse cumpliendo funciones como personal administrativo Clase V con régimen de 40 horas semanales, en planta temporaria, en la Delegación Municipal de Open Door. En esa misma época y de manera simultánea, se presentaba como candidato a Delegado Municipal de la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, al frente de la lista Nº 2", detalla Faro.

Y añadió: "las concejales Inés Otero y Nora Chacón se presentaron personalmente en la Delegación de Open Door para constatar la presencia de Correa, pero no se encontraba prestando ningún servicio en esa repartición, confirmando además que el resto del personal no lo conocía".

Por lo narrado, Faro estima que la Justicia "debería investigar la comisión del presunto delito de falsedad ideológica ya que en al menos uno de los decretos en cuestión la intendenta Rosso ratifica y da expresa fe y conformidad, de que el domicilio real del señor Correa resulta ser el de calle Las Heras 2086 de Luján, aclarando que durante el período denunciado el domicilio mencionado se encontraba desocupado y ofrecido en alquiler".

Para el denunciante, esto último "resultaría ser falso" ya que en la misma fecha de la vigencia de dichos decretos, "Correa denuncia que su domicilio real es el de calle Julián Aguirre Nº 4075 de la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Esto surge de los datos denunciados por el interesado en su postulación de candidato a delegado municipal de Batán", cargo que se eligió el 19 de abril de este año.

Como dato secundario, el edil que responde a los mandatos de Miguel Prince informó a la Fiscalía que en las elecciones pasadas Correa debió votar en la mesa 40 de la Delegación Municipal de Batán, en la calle Pescadores 456 de esa localidad.

Al tomar conocimiento de esta información, abonada por diferentes publicaciones periodísticas, el 21 de abril pasado el Concejo Deliberante aprobó una comunicación (Nº 47/2009) solicitando datos oficiales al Departamento Ejecutivo. Por eso, ante la falta de respuestas oficiales, Faro le pide a la Justicia que investigue lo siguiente:

- El señor Correa sería integrante de la Fundación Sudeste de la ciudad de Mar del Plata, de la cual resulta ser presidente el señor Fernández Gutiérrez, datos que surgen de la página web oficial de esa fundación (www.sudeste.org.ar) la cual, partir de la exposición pública de este tema, fue dada de baja.

"Solicito al fiscal que investigue si esta Fundación resultó ser beneficiaria de algún tipo de subsidio por parte de la Municipalidad de Luján", destaca el concejal princista.

Según la denuncia, formaba parte de esa Fundación una mujer de apellido "Strambi", quien resultaría ser hermana del señor Esteban Strambi, actual (hoy ex) director de Emergencia Social de la Municipalidad de Luján.

"A la luz de los antecedentes aportados y, de verificarse su concordancia entre personas, organismos y actos administrativos consecuentes, no debería descartarse la tipificación de reiterados ilícitos que constituirían un vínculo asociativo a tal fin", reflexiona Faro en el escrito judicial.

Por su parte, agrega que "en clara ilegalidad, falseando el contenido ideológico del mismo, constituyendo sin dudas un engaño para encubrir otros fines, los fondos públicos asignados por la señora intendenta a sufragar los servicios de docencia del señor Correa habrían sido otorgados al mismo, sin contraprestación docente alguna y al solo efecto, cabría presumir, de un lucro indebido del señor Correa".

Faro considera que "el caso denunciado no sería el único personal contratado en tales características "especiales", mediante los cuales se aprobaron diferentes locaciones de obra. Estas circunstancias debemos narrarlas en potencial porque no hemos podido acceder a la información, ya que en reiteradas oportunidades el Concejo Deliberante, a través de comunicaciones, requirió esta información al Departamento Ejecutivo municipal sin obtener respuesta alguna, ni permiso para la vista y conocimiento de dichos decretos".

El denunciante considera que "este silencio y/o negativa al acceso a tales decretos encuadran un incumplimiento a la manda constitucional de la publicidad de los actos de gobierno y así estaríamos en presencia de decretos que terminarían exhibiendo la presencia de varios Correas y Fundaciones "Sudeste".

En base a esa afirmación, el concejal pide la investigación del contenido de 16 decretos de Rosso. "Corresponde se investigue y juzgue a la señora Rosso por la posible comisión de la malversación de los caudales públicos confiados a su legal administración, los que resultarían de los actos administrativos denunciados. Todas estas circunstancias han sido posible por la estructuración de un esquema que permita y/o facilite estos hechos".

PÁGINA WEB

El segundo punto de los hechos se refiere a la tarea del director de Gestión de la Información, Eduardo Racedo. Indica la denuncia que "la página oficial de internet de la Municipalidad de Luján www.lujan.gov.ar ofrece una serie de opciones, entre las cuales existe –o en un mejor decir, existía- un buscador y/o link, mediante el cual se podía tener acceso a todos los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo municipal, los cuales una vez promulgados se volcaban a un digesto, como así también en la mencionada página, a fin de garantizar la obligación constitucional de la publicidad y transparencia de los actos administrativos".

"Curiosamente –subraya el princismo- desde principios del mes de junio de 2008, el buscador se encuentra bloqueado, resultando imposible hasta la actualidad el acceso a los decretos, resoluciones y demás actos administrativos emanados del Departamento Ejecutivo".

Según denunció Faro "ese bloqueo resulta ser concordante y contemporáneo con la designación del señor Félix Eduardo Racedo, mediante decreto Nº 933 como director de Gestión de la Información del municipio".

"Hasta el momento de la designación de Racedo, todo decreto y/o acto administrativo era debidamente publicado en la página web. El ocultamiento y/o el no acceso a la información, su contenido, cuestiones de fondo y de forma de todos y cada uno de los decretos dictados por la intendenta podría tratarse de una maniobra fraudulenta que perseguiría la clara intención de concretar acciones fraudulentas, ilícitas y contrarias a derecho. Es decir: a todas y cada una de las cargas y obligaciones constitucionales que debe salvaguardar y cumplir todo funcionarios público", considera el denunciante.

Se añade en la denuncia un dato emanado del despacho de la Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas relativo a la Rendición de Cuentas Ejercicio 2008. "Sólo en un año se han designado –y por lo tanto liquidado haberes- a 567 nuevos agentes".

"Para la realización de este hecho se requiere la acción conjunta, coordinada y elaborada de al menos tres personas (intendenta Rosso, el secretario de Gobierno Dr. José Miguel Armaleo, quien tiene a cargo la protocolización y publicación de los decretos y de Eduardo Racedo)", resume Faro.

Luego de reiterar que el Concejo Deliberante aprobó innumerables despachos de Comunicación al Departamento Ejecutivo, sin obtener respuesta alguna por parte del mismo, el edil sintetiza su solicitud: "investigue la posible comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita, negociación incompatible con la función pública, falsedad ideológica y malversación de fondos".

Paradójicamente, muchos de los presuntos delitos que el princismo el endilga a Rosso, son los mismos que constaban en la denuncia inversa realizada el año pasado pero en ese caso, de Rosso contra Miguel Prince.

Ejes de la defensa

Si bien todavía la intendenta y sus funcionarios no accedieron a una copia de la denuncia, se enteraron de lo sustancial de la presentación por lo adelantado por este medio. A partir de entonces, trabajan en la defensa.

El director de Gestión de la Información –y responsable de Prensa hasta el desembarco de César Conti- Eduardo Racedo, ya elaboró una carpeta con datos sobre su responsabilidad en el caso. Se adjuntaron copias de los boletines oficiales y se subraya en esa documentación que todos los bloques de concejales "tienen acceso directo a los decretos y los expedientes municipales, incluso desde las computadoras de los bloques".

En relación con la denuncia de la situación de Correa, el gobierno de Rosso tendría confeccionado un informe con los cursos que habría realizado esta persona y un listado de las personas que lo cursaron, y declaraciones de testigos que avalarían que Correa trabajó en la Delegación de Open Door como "comisionista".

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