El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires filial General Pueyrredón rechazó las expresiones del diputado provincial, Guillermo Castello, que cuestionó los alcances de la ley 10.606, que regula el funcionamiento de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires.

La entidad presidida por el Farm Mario Della Maggiora aclaró que la mencionada ley que “el Sr. Escribano califica de anacrónica fue modificada en lo referente a los artículos de interés del Diputado en el año 2003, luego de un extenso debate en la legislatura provincial con la participación de las instituciones de salud, la universidad, referentes sociales y profesionales”.

La modificación como la ley en su totalidad está basada en considerar a la farmacia una extensión del Sistema de Salud y estableció que las oficinas de farmacia deberán estar racionalmente distribuidas en el territorio provincial a fin de asegurar la atención y la calidad de su servicio. “A fin de ser claros , debe estar cerca del paciente para facilitar la culminación del acto de prescripción médica”, aclaró.

Desde el Colegio de Farmacéuticos sostuvieron que “en estas breves líneas se encuentran las bases de la discusión que el Diputado con grave desconocimiento plantea. Plantea anacronismo y declara pieza arqueológica a una ley cuya modificación es de apenas 15 años, más precisamente del año 2003. Suponemos entonces que por su profesión , la de escribano, que data de un Decreto/Ley de 1978 habrá presentado proyectos con igual vehemencia a fin de actualizar los mecanismos que impiden una accesibilidad al servicio por parte de los ciudadanos, y una flexibilidad para los nuevos profesionales para ejercer su profesión”.

“La farmacia no es un local comercial de paso, es uno de los puntos para la atención primaria de la salud, ideal para recibir asesoramiento, despejar dudas e informarse adecuadamente”, sentenciaron.

Finalmente, “queremos advertir a los millones de bonaerenses que acuden a nuestras farmacias en busca de medicamentos seguros y asesoramiento profesional que no se dejen confundir y eviten creer en supuestos de libre competencia, cuando el fondo de la discusión es generar el campo propicio para que un funcionario público y un fondo de inversión haga un millonario negocio personal.”