El fantasma de Pou sobrevuela el caso

De la Rúa lo removió en 2001 por decreto
La Argentina ya conoce de una conflictiva relación entre el Poder Ejecutivo y el presidente del Banco Central. Hace nueve años, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, le pidió públicamente la renuncia del titular de la entidad monetaria, Pedro Pou, al poco tiempo de su regreso al Palacio de Hacienda, de la mano del presidente Fernando de la Rúa.

El detonante de la pelea fue una modificación de la carta orgánica del Central que impulsaba Cavallo, aunque las diferencias entre ambos economistas venían de antes y giraban en torno de los cambios que se debían introducir en el plan de convertibilidad, que se acercaba a cumplir los diez años.

Pou aguantó la embestida durante casi un mes, aunque finalmente, el 25 de abril de 2001, una comisión bicameral -constituida para investigar el papel de Pou e integrada por legisladores del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical- en una causa de lavado le recomendó a De la Rúa la destitución de su cargo.

En el mismo día, De la Rúa emitió el decreto 460, que removía a Pou con la acusación de "mala conducta" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y en su reemplazo fue nombrado Roque Maccarone, que se mantuvo en su cargo menos de un año.

Mandato incumplido

Pou había asumido como presidente del Banco Central en 1996 durante la presidencia de Carlos Menem y para reemplazar a Roque Fernández, que había sido nombrado al frente del Ministerio de Economía. En 1998, Menem lo había ratificado para un período completo de seis años hasta 2004.

En concreto, a Pou se lo acusaba por la falta de controles sobre las actividades del Banco República, de Raúl Moneta, y sus operaciones de banca offshore en paraísos fiscales. Además, se lo procesó por una presunta defraudación en la liquidación del banco Basel y estaba imputando en una denuncia de ex ahorristas del quebrado Banco Patricios.

Pou había llegado al enfrentamiento con Cavallo muy golpeado por las denuncias de varios legisladores, entre los que se contaba Elisa Carrió, acerca de manejos poco transparentes en la liquidación de varias entidades durante el efecto Tequila y por haber impulsado un proceso de extranjerización de la banca nacional.

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