El fantasma de Julio López

El sargento retirado de la Policía Federal Juan Carlos Camino, el más importante testigo en la causa por cuatro desapariciones, denunció ante Página/12 que policías en actividad, vinculados con Ulibarrie, el principal acusado, vigilan sus movimientos.
Los querellantes y el representante del Ministerio Público coincidieron ayer en Corrientes en pedir 25 años de prisión para el comisario retirado Diego Manuel Ulibarrie, imputado por cuatro secuestros (ocurridos días antes del golpe de Estado) de personas que permanecen desaparecidas. A menos de una semana de la sentencia, el principal testigo de la causa, Juan Carlos Camino, ex agente de la Policía Federal, denunció ante Página/12 que policías en actividad vinculados con Ulibarrie vigilan sus movimientos, recordó que el acusado es dueño de una agencia de seguridad y manifestó: "No quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López", en referencia al testigo del juicio a Miguel Etchecolatz que desapareció antes del fallo. Desde el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados admitieron conocer el caso, informaron que se le ofrecieron alternativas para garantizar su seguridad pero que no se incorporó a Camino a ningún programa "porque no aceptaba las medidas de protección globales, que abarcaban a toda su familia".

Ulibarrie es el único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, donde el año pasado fueron condenados el coronel Rafael Barreiro y el capitán Juan Carlos Demarchi, ex titular de la Sociedad Rural local. Está acusado por los secuestros de Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, ocurridos poco después del mediodía del 16 de febrero de 1976. El mismo día, entre las seis y las ocho de la tarde, Camino reconoció a Ulibarrie a la cabeza del grupo que ingresó con dos de los secuestrados en andas, encapuchados y con signos de torturas, en la delegación correntina de la Policía Federal.

Por tratarse de un solo acusado y de un número limitado de delitos, los alegatos de ayer fueron breves. La jornada duró apenas cuatro horas. Las exposiciones estuvieron a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini, de los abogados Ramón Leguizamón y Hermindo González por la querella unificada de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y los familiares de las víctimas y de Daniel Domínguez Henaín por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Leguizamón interviene en la causa desde hace 33 años: presentó un hábeas corpus después de los secuestros. Ayer detalló los hechos y recordó que "los cuatro secuestrados integran hoy la triste nómina de los treinta mil desaparecidos, de la etapa más negra que nos tocó vivir a los argentinos".

Miembros de la Comisión manifestaron ayer su preocupación por "el acoso y la falta de contención de testigos como Camino", que hace tres meses identificó a Ulibarrie al frente a la patota de secuestradores, y destacaron la "capacidad de hacer inteligencia" del imputado. En diálogo con Página/12, el sargento retirado de 63 años, que en 1979 se refugió en Paraguay perseguido por otros policías, aseguró que "vigilan mis movimientos permanentemente". "Son gente que conozco, que estuvo con Ulibarrie en la época de la represión. Algunos son policías jóvenes, en actividad, pero atrás están los grandes, cercanos a Ulibarrie, que es dueño de una empresa de seguridad y está preso en un lugar light, la comisaría 5ª, desde donde mantiene sus contactos –explicó–. Por supuesto que no salgo de noche, estoy enclaustrado en mi domicilio, pero no quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López. Pedí protección a un programa de testigos y hace como un año que estoy esperando respuesta", agregó Camino, que declaró por primera vez días antes del golpe de Estado.

Según reconstruyó Página/12 de fuentes de los programas Verdad y Justicia y de protección de testigos, ambos organismos conocen la situación de Camino, que se analizó en conjunto con los miembros del Tribunal Oral Federal correntino. El testigo no acepta custodia policial porque no le genera confianza y tampoco aceptaría ser relocalizado con su familia por los trastornos que generaría la medida. "No podemos obligarlo a aceptar una medida y tampoco él puede obligarnos a decidir qué es lo mejor para su seguridad. Sacar sólo al testigo implica transferirle la amenaza a la familia, y eso es inaceptable", fue la explicación oficial.

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