Familias de un loteo de barrio Los Boulevares temen más desalojos

Familias de un loteo de barrio Los Boulevares temen más desalojos

La situación las enfrenta con la empresa Rubin. Podrían darse cuatro expulsiones próximamente. La Provincia interviene para evitar un conflicto social, y ayer hubo una audiencia en la Justicia.

Familias de un loteo de barrio Los Boulevares temen ser desalojadas por una empresa. Ayer protestaron en avenida La Voz del Interior 6080 y volvieron a denunciar que fueron estafadas. Muchas iniciaron juicios para no quedar en la calle.

Se trata de un plan de viviendas de la firma Rubin Diseños y Construcciones, ejecutado en calle De los Sicilianos 6480 con la modalidad de sociedad civil.

Serían alrededor de 72 las familias damnificadas, asalariadas y con niños a cargo. Ya hubo un desalojo en marzo de 2014, en un operativo policial que generó resistencia de otros vecinos. A otra familia también se la intentó echar, sin éxito.

Alejandro Bruna, abogado de unas 25 familias en riesgo, alertó que “antes de que finalice abril habría cuatro desalojos”.

El 19 de febrero, el juez de la causa, José Di Tullio, otorgó 10 días para que varias familias desocuparan propiedades. Los plazos no se cumplieron por la intervención de los abogados.

Cada intento de desalojo fue resistido por las familias afectadas, que dicen que seguirán impidiendo que las saquen.

Ramón Pizarro, abogado de la empresa, dijo que el problema se dio porque hubo familias “que pagaron algunas cuotas y en 2000 dejaron de hacerlo, igual que otras en 2008”. Añadió: “Hay gente que ocupa viviendas y no paga nada; esto perjudica a otros socios”. Y precisó que son “entre ocho y 10” las familias que serían desalojadas “a mediano plazo”.

Preocupación del Gobierno

El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba está preocupado por las familias. Ayer hubo una audiencia en el Juzgado de 1ª Instancia y 39ª Nominación Civil y Comercial en la que la Provincia pidió un freno a los desalojos y propuso una solución.

Pizarro dijo que la oferta “es interesante”. Agregó: “La evaluaremos y nos reuniremos en la Justicia dentro de un mes”.

El secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales, Sergio Lorenzatti, cree que “la situación es injusta para las familias”. Manifestó: “El plan de viviendas se gerenció en contra de los asociados y la Provincia quiere evitar el grave conflicto social que se desataría”. También dijo que bregará para que la gente logre escrituras.

En tanto, la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales provincial inició un proyecto que busca convertirse en ley para lograr la expropiación de terrenos y casas del loteo (no aprobado por el municipio ni subdividido), a fines de cederlos a las familias. Su titular, Paulo Messori, adelantó que se hará un relevamiento socioeconómico entre los damnificados.

Si se aprueba el proyecto de ley existirán herramientas para solucionar el problema social.

Pormenores

En 1995, Rubin promocionó un plan de viviendas en Los Boulevares a 200 pesos mensuales, con financiamiento y garantía propios. Muchas familias adhirieron. Pero las cuotas fueron ajustadas a precios imposibles de asumir para algunos. Aparecieron quejas contra la empresa por incumplimiento de lo pactado y no entrega de escrituras.

Según Pizarro, las cuotas “mutaron lógicamente” por las condiciones inflacionarias.

Para Bruna, se trató de “una estafa”. Se explayó: “Rubin hizo contratos simulados con ciertas condiciones y las familias fueron engañadas porque esas condiciones cambiaron; de pagar una cuota al comienzo, luego pagaron tres juntas más gastos extras, y no les entregaron las casas terminadas”. Después enfatizó: “El contrato creó una sociedad civil administrada por la empresa; fue fraudulenta la maniobra y prohibida por la ley de defensa al consumidor”.

Acciones judiciales

Por falta de pago de cuotas, Rubin demandó a las familias. En 2005, una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia y 39ª Nominación ordenó el desalojo. La sentencia fue apelada y derivó, en 2006, en un fallo de la Cámara 3ª de Apelación que desestimó los contratos por ser “jurídicamente falsos”. Rubin interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. En 2010, el fallo favoreció a la empresa. En 2011 la causa fue girada a la Cámara 2ª de Apelaciones que, en 2013, ratificó el fallo de primera instancia.

“Es un mamarracho la sentencia y pedimos su nulidad; no les devolverán los aportes a las familias y las casas quedarán para la empresa”, criticó Bruna. “Es injusto que las desalojen, quedarán con una deuda judicial enorme por honorarios de abogados y quizá hasta les embarguen el salario”, lamentó.

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