Faltan transparencia y equidad

Más allá del discurso presidencial sobre lo "divertidas" y "alegres" que son las boletas electorales que se utilizan en Uruguay, la lectura de la letra chica del proyecto de reforma política enviado al Congreso por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, resulta muy preocupante.
En materia de transparencia en el financiamiento de la política, el Poder Ejecutivo elimina el informe previo a la elección referido a quién ha puesto dinero en la campaña, cuánto ha puesto y en qué se han gastado los fondos.

Saber quién se encuentra detrás de cada candidato es la forma de descubrir la coherencia y la confiabilidad de algunos discursos. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información antes de ir a votar. Su eliminación, así como el recorte de datos que se solicita en los informes posteriores a la elección, no sólo implican un recorte en lo disponible, sino que constituyen un retroceso notable en materia de transparencia.

Ahora queda claro que a algunos dirigentes no les conviene que el elector sepa quién los financia.

Discrecionalidad ilimitada

En cuanto a la equidad en la competencia electoral, la prohibición de compra de espacios en radio y televisión se presenta como una forma de igualar a candidatos ricos y pobres. Pero el proyecto no limita en nada el uso discrecional de la pauta publicitaria oficial que ha sido utilizada como recurso de campaña del oficialismo de turno. Ese uso discrecional de los fondos públicos con fines partidarios genera una ventaja adicional para los candidatos oficialistas en perjuicio de todos los de la oposición que son los que quedan restringidos por la prohibición de contratación de espacios.

En una discusión amplia y plural del proyecto, éstos y muchos otros déficits de la propuesta oficial podrían corregirse a fin de lograr una ley con consenso y legitimidad que no implique menos transparencia y menos equidad en la competencia electoral.

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