La falta de terrenos no permite a los rafaelinos obtener "la casa propia"

El 93 por ciento de los ciudadanos que no tienen vivienda no puede encarar un proyecto edilicio por falta de recursos, aunque el 72 por ciento de los consultados tiene capacidad para pagar más de $400 por mes de alquiler. Estos datos pertenecen a un informe que se presentará oficialmente en el día de hoy.
El mercado inmobiliario rafaelino es uno de los más caros del país. La falta de lotes suficientes -y su consiguiente alta cotización- complica las políticas de desarrollo urbano que se encaran desde el Estado, perjudica la planificación de obras públicas y golpea con fuerza sobre las intenciones de construcción de viviendas por esfuerzo de cada familia. Lejos quedaron los tiempos en que la mayoría de las parejas de novios invertían sus ahorros en un terreno que, con el tiempo, podía convertirse en la casa familiar. En la actualidad, las parejas jóvenes subdividen los terrenos heredados de sus mayores, construyen en las casas de sus padres o quedan a la espera de un improbable golpe de suerte que los haga acceder a algún plan financiado por el Estado.

Las cifras no mienten. Según la Encuesta Permanente de Hogares, que se realiza todos los años en la ciudad, sobre 697 hogares encuestados y una población de 2.201 entrevistados, el 22,5% de la población no tiene vivienda propia. De ese universo de gente que no pudo acceder al techo propio, sólo el 65% tiene intenciones declaradas de construir y el principal obstáculo es la falta de terrenos: 9 de cada 10 encuestados en esa situación no tiene lote propio: apenas un 10,8% es dueño de un terreno, contra 89,2% que no lo es.

Los datos están contenidos en el capítulo dedicado a las viviendas, dentro de la EPH, cuyos resultados oficiales serán difundidos hoy en el marco de una conferencia de prensa que dará el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, pero cuyos detalles ya pueden conocerse a través de Internet.

Consultados sobre las razones por las cuales no construye o compra una vivienda, el 93,1% de los encuestados que no son propietarios atribuyó a "problemas económicos" esa situación. Sólo el 2,9% está movilizándose, a través del pedido de presupuesto y otras averiguaciones, sobre cómo encarar la resolución del tema. En cambio, 87,3% manifestó aceptar la posibilidad de ir a vivir a una vivienda que forme parte de un plan social, como los barrios Fonavi o el Plan Federal. Más aún: 8 de cada 10 consultados no tendría ningún tipo de condicionamiento sobre el barrio o sector de la ciudad al que le tocaría ir a vivir, con tal de acceder a un plan de este tipo.

Los porcentajes revelan algunos inquietantes aspectos de la problemática en Rafaela. En primer lugar, la brecha creciente entre los que pueden y los que no pueden acceder a vivienda propia. Para éstos últimos, el sueño del techo propio está cada vez más lejano. Es insignificante el número de los que intentan la gestión de un crédito hipotecario, e igualmente escasa la cantidad de quienes están encarando algún plan concreto. La inmensa mayoría parece resignada a esperar una ayuda del Estado, por la vía de un plan social, para tener acceso a una vivienda.

Otro de los datos significativos es que, sobre cinco rangos de "voluntad de pago" respecto a cuotas de planes sociales o créditos hipotecarios, la opción "más de 400 pesos mensuales" fue la más elegida: 72,6% de los consultados que están en situación de no tener vivienda propia respondió por esta opción, contra 27,4% que suman las opciones por menores montos de cuotas. Pese a esas manifestaciones, está comprobado que cuando el Estado construye un plan, lo adjudica y pone cuotas menores a esos montos, muchísimos beneficiarios del mismo dejan de pagar a los pocos meses de recibida la vivienda.

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