Falta que se sinceren los salarios en la función pública

Falta que se sinceren los salarios en la función pública
La mayoría de los haberes básicos de los funcionarios están congelados, pero los ingresos mensuales se incrementan mediante ítems especiales. La reciente suba de la dieta de los ediles del interior actualizó el debate sobre cuánto deben cobrar nuestros representantes.
Mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de congelar el sueldo de sus funcionarios, en Tucumán los concejales del interior obtuvieron un incremento del 20% en sus haberes mensuales.

Claro que, mientras el mandatario norteamericano percibe alrededor de U$S 33.000 mensuales, un representante vecinal tiene asignado un tope de $ 3.000. La discusión, en efecto, no pasa por comparar los ingresos de uno y otro. Tampoco las responsabilidades. Lo que se pretende, en todo caso, es evaluar el grado de transparencia y de responsabilidad que existe en el manejo de un asunto sensible para la sociedad civil.

Uno de los reclamos más enfáticos de la ciudadanía durante el proceso de degradación institucional, que estalló en 2001, era la reducción del costo de la política. El planteo presentaba dos dimensiones. Por una parte, el control de los recursos disponibles durante las campañas electorales y, por otro, la limitación del dinero destinado por los poderes públicos al cumplimiento de su rol institucional. Al amparo de la bonanza económica de los últimos años, todos los representantes políticos se vieron beneficiados por los recursos extras que garantizaron las buenas condiciones financieras del país. Pero la época de “vacas gordas” que vivieron las arcas públicas, sin embargo, presenta algunos puntos oscuros. Lo que se publicita, en realidad, siempre son los incrementos que se aplican sobre los salarios básicos, fijados por ley y claramente desactualizados. De hecho, al tope de $ 3.000 recientemente fijados para los ediles del interior se deben agregar adicionales por antigüedad, por ejemplo, y asignaciones especiales para ayuda social.

El caso de los legisladores es emblemático. “La definición de los gastos de bloque es una discusión que voy a tener con cada legislador, ya lo anticipé. Aún no hay nada fijado. Acá, como en todas partes, se trabaja por proyecto, por producción, y en función de eso se va asignando el dinero”, fue la frase con la que el vicegobernador, Juan Manzur, se refirió el 23 de noviembre de 2007 a la cuestión.

Ocurre que la dieta, establecida en la Constitución como remuneración para los parlamentarios, fue fijada en $ 5.000 al inicio de la actual gestión.

Sin embargo, los legisladores cuentan con otros $ 10.000 para asesores personales. Acerca de los gastos de bloque, rondarían los $ 30.000 por mes, según se especula. Las dudas sobre el monto final, incluso, fueron alentadas por dos legisladores durante enero. Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) y Pedro Balceda (bloque unipersonal Eva Perón) deslizaron a LA GACETA que algunos de sus pares oficialistas reciben mejor trato que otros. “Quiero decir específicamente que esperan mantener lugares de poder y de influencia y disfrutar de otros privilegios y beneficios, de los que sé muy bien” (sic), llegó a decir Balceda (LA GACETA 17/01/2009). “Dos o tres privilegiados de Tucumán Crece cobran el triple que los demás por ese concepto”, sostuvo, a su turno, Cirnigliaro (LA GACETA 17/01/2008).

Otros casos

En el Concejo Deliberante de la capital sucede algo similar. Los ediles cuentan con una dieta de $ 4.500 desde enero de 2006, pero a ese monto se debe sumar dinero para gastos sociales, designación de personal y las remuneraciones por título, antigüedad o asignaciones familiares, según el caso. Según se especula, sus ingresos trepan a unos $ 6.500 mensuales.

La última actualización en el Poder Ejecutivo se dio en enero de 2006. El gobernador, José Alperovich, elevó de $ 6.000 a $ 9.000 el tope máximo de la remuneración neta mensual que, por todo concepto, pueden recibir el gobernador y los ministros. El decreto no modificó sueldos básicos, sino que estableció una sobreasignación especial remunerativa y no bonificable del 75%, en concepto de responsabilidad funcional.

Tres especialistas consultados por LA GACETA coincidieron en expresar que el malestar ciudadano por los ingresos que perciben los funcionarios públicos se agudiza en épocas de “vacas flacas”. También, advirtieron que la discusión debe centrarse en la transparencia de los mecanismos fijados para establecer las remuneraciones, más no en el monto. Plantearon que la jerarquización de la función pública no sólo implica premiar la vocación por servir a la comunidad, sino también retribuirla adecuadamente.

Sostuvieron que el pago de sueldos bajos en el sector público es lo que fomenta algunos vicios que rozan con la ilegalidad, como los sobresueldos en negro o los gastos de representación y reservados. En definitiva, propusieron que no se deje pasar la oportunidad de debatir democráticamente cómo gastar los fondos de toda la sociedad.

En el Congreso pagan $ 11.000

Los legisladores nacionales obtuvieron su último incremento salarial en abril de 2008, cuando se “engancharon” del aumento otorgado a los empleados legislativos tras las negociaciones salariales. Con la suba del 19,5%, pasaron a cobrar un promedio de $ 10.750 mensuales en bruto. A ese sueldo, efectuados los descuentos correspondientes, deben agregarse otros beneficios, como el plus por desarraigo de unos $ 1.600 pesos (sólo cobran quienes provienen del interior) y 20 tramos aéreos, que los legisladores pueden canjear por dinero. Sin embargo, del ingreso total que perciben los senadores y diputados, apenas un 30% corresponde a la dieta fijada por ley. El resto se aplica como gasto por representación.

La Presidenta cobra $ 13.500

En pleno Mundial de fútbol en 2006, el ex presidente Néstor Kirchner dictó algunas medidas mediante las que actualizó sus ingresos, los del vicepresidente y los de sus colaboradores. De acuerdo con dos decretos -uno convalidó el sueldo de $ 6000 fijado por Carlos Menem en 1994 y otro dispuso los complementos-, el ingreso del jefe de Estado alcanzó los $ 13.500. El pago de un adicional no remunerativo y no bonificable, con el nombre de responsabilidad del cargo, reemplazó los gastos protocolares establecidos por Menem. De ese modo, también se incrementaron los salarios del vicepresidente de la Nación, de los ministros y de los secretarios y subsecretarios de Estado, que estaban congelados.

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