Falta una respuesta política

Por Adrián Ventura

Hace una semana, un fallo de la Corte puso en la agenda los problemas de la minoridad y de la inseguridad; dos jueces dieron explicaciones y varios sectores sociales les retrucaron. Pero los responsables de brindar la solución, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, ¿qué hacen al respecto? Pareciera que muy poco.

Luego de haber firmado el fallo García Méndez junto con el resto de sus colegas, la jueza Carmen Argibay justificó públicamente por qué había votado por la no excarcelación de menores de los institutos: dijo que quedarían expuestos a ser asesinados por el "gatillo fácil" policial.

Entonces, las Madres del Dolor y otros sectores desafiaron a la jueza a llevarse a su casa a "Kitu", uno de los adolescentes sospechosos de haber asesinado al ingeniero Ricardo Barrenechea. Ese grupo tiene razón en reclamar mayor seguridad, pero no advierte que Argibay y la Corte no votaron en favor de la liberación de los jóvenes. Una cosa es el discurso que explica el fallo y otra muy distinta, el fallo mismo.

Por su parte, el juez Carlos Fayt reclamó que en lugar de discutir si se debe bajar la edad de imputabilidad de los menores el Estado debe solucionar el problema de la falta de políticas sociales en el país.

En el debate hay mucha confusión, hay actores de buena fe que reclaman soluciones y otros actores pícaros que se esconden.

Inseguridad, minoridad, pobreza y delincuencia son campos que no coinciden exactamente, pero, sí, se retroalimentan. La Corte, con una creciente preocupación por los problemas sociales, dio una respuesta y, lo más importante, exigió que los poderes políticos dieran las suyas.

La inseguridad, la delincuencia y la pobreza de los menores son problemas generados por los adultos que, por instrumentar políticas ineficientes o por defender intereses oscuros, crean un caldo de cultivo ideal para el delito y para mantener vivas viejas prácticas clientelares de la política.

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