Por falta de recursos y apoyo Adrián Camerano renunció a la Secretaría de Derechos Humanos

Adrián Camerano, secretario de Derechos Humanos, presentó su renuncia como titular del área que ahora se queda sin autoridades ya que días atrás la subsecretaria Yanina Fernández dejó el cargo.
En un texto hecho público por el ahora ex funcionario –dirigido a la gobernadora Fabiana Ríos-, señala que abandona el cargo por la falta de medios para llevar adelante la tarea inherente a su función, como así también diferencias en la política que está implementando el Ejecutivo provincial, principalmente en cuanto a la relación con los sectores gremiales y sociales, y falta de participación y exclusión en algunas determinaciones gubernamentales de la cartera.

El siguiente es el texto de la renuncia enviada a la gobernadora Fabiana Ríos hecha pública en las últimas horas:

"Por la presente me dirijo a Ud. a fin de presentarle, a partir del día de la fecha y de modo indeclinable, mi renuncia al cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por los motivos que expongo a continuación:

En primer lugar cabe señalar las grandísimas dificultades para cumplir con el plan de trabajo ideado al comienzo de la gestión, allá por fin de 2007, cuando nos propusimos trabajar en pos de una cultura en Derechos Humanos y la promoción y protección de los mismos, con especial énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dada la crónica carencia de recursos humanos y económicos, se torna de imposible cumplimiento inclusive la reformulación de aquel proyecto inicial, plasmada en el plan de acción 2009.

En este sentido, hay que indicar que resulta dramática la situación actual de la Secretaría, ya que la misma funciona gracias al propio peculio de los trabajadores del área. A más de un año de iniciada la gestión, y pese a insistentes intentos en ese sentido, ha resultado imposible hacerse de recursos propios y no se ha logrado la fluidez administrativa necesaria para obtener los recursos mínimos, con expedientes -por ejemplo- que llevan meses y hasta más de un año de "trámite" en laberínticos despachos.

Ha costado mucho esfuerzo, además, conformar los actuales equipos de trabajo, y éstos resultan insuficientes ante una demanda social cada vez más sostenida y compleja.

Esta situación fue recurrentemente planteada en distintas instancias públicas y privadas, formales e informales, junto al señalamiento del escaso apoyo por parte de algunas áreas ministeriales del Gobierno provincial. En ese sentido, y salvo honrosas excepciones, es preocupante la falta de respuesta de otras áreas ante requisitorias de esta Secretaría, con un número considerable de notas y pedidos de información sin respuesta alguna, pese a haber sido insistidos en reiteradas ocasiones, y de tratarse, en muchos casos, de problemáticas de importancia y necesaria resolución.

Esta situación, entenderá Usted, resulta difícil de explicar en una gestión que en algún momento presentó a los Derechos Humanos como uno de sus ejes.

Por otra parte, y en términos más generales que en buena medida exceden a la Secretaría, debo señalar que no comparto la política de enfrentamiento sistemático con los sectores sindicales y sociales de la provincia, y no alcanzo a entender la dificultad en avanzar en caminos de diálogo y consenso, no sólo con quienes claramente se erigen en un sitial de oposición a la actual gestión, sino particularmente con quienes han intentado aportar ideas ante tan crítica situación provincial.

Sólo el intercambio de ideas sin mezquindades y la búsqueda de coincidencias permitirá, a mí entender, modificar la crítica realidad que hoy atraviesa esta provincia, con la política como instancia transformadora y articuladora de intereses en pugna.

Además de lo expuesto, he encontrado serias limitaciones en lo referente a la posibilidad de debatir, sobre todo al interior del Gobierno, los grandes lineamientos políticos de la provincia. Así, por ejemplo, en los últimos días me he enterado por los medios de comunicación de múltiples "enroques" en el gabinete provincial, altas y bajas, y de algunas sorpresivas incorporaciones a un equipo de trabajo que no funciona como tal. De cambios de políticas -y el problema de la Provincia es netamente político, a mí entender- poco y nada ha trascendido.

Me permito recordar que mi llegada al cargo de Secretario de Derechos Humanos se produjo a propuesta de organismos de Derechos Humanos y militantes sociales de la ciudad de Río Grande, por invitación del entonces gobierno electo y tras evaluar, allá por noviembre de 2007, que con la nueva gestión se abría una posibilidad para la promoción y protección de los Derechos Humanos en la provincia. En aquel momento, aún antes de proponer compañeros para trabajar en la Secretaría, elaboramos un documento en el que solicitábamos "acciones concretas y urgentes que permitan combatir la impunidad, la discriminación, el racismo y la xenofobia, entendiendo que es necesario FRENAR YA al que viene perfilándose como uno de los mayores males de nuestra sociedad: la violencia estatal y policial". También pedíamos que a la flamante Secretaría de Estado "se dé poder político, se equipe y se destine personal capacitado", y señalábamos que "los Derechos Humanos deben ser una cuestión que atraviese a todo el Estado, y no asunto de una sola Secretaría". Por último, marcábamos la necesidad de trazar ejes primordiales de la gestión, como "la inclusión social, igualdad de oportunidades para el acceso a la calidad de vida en condiciones de dignidad, libertad y justicia social, en el marco de una democracia plural y con respeto por la diversidad".

Duele decir que los temas expuestos en aquel documento y otros que ocupan nuestros días en la Secretaría no tienen un lugar relevante en la agenda oficial. Asumo en esto mi parte de responsabilidad, aunque destaco que intensos esfuerzos hemos realizado para ello.

Por lo expuesto, entre otras razones, es que he tomado la decisión de no continuar en la función que se me ha honrado. A modo de somero balance, comienzo por pedir disculpas por los errores cometidos, que no han sido pocos. Pero con orgullo puedo decir que dejo una Secretaría de Estado creada prácticamente "de cero" y funcionando pese a las carencias enumeradas, que intentó incorporar en la agenda gubernamental y en la agenda pública problemáticas en las que resta muchísimo por hacer, como la impunidad, la emergencia habitacional, la situación carcelaria y el abuso de autoridad, entre otras.

Tras un año y medio de gestión, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta hoy con dos sedes propias, un equipo de personas trabajando e inserción en el mapa nacional de Derechos Humanos con la participación en cuatro consejos federales (Derechos Humanos, Discriminación, Trata de Personas y Pueblos Originarios). De cada actividad o programa hubo un comunicado, una gacetilla, una rendición de cuentas. Y también hemos producido informes bimestrales de gestión, algunos de los cuales están disponibles en Internet. Además tenemos un plan de Alfabetización en marcha, e integramos la Comisión Interministerial sobre Discapacidad y el Consejo Provincial de la Mujer.

También tiene en su haber esta Secretaría la realización de una respetable cantidad de acciones socioculturales en el ámbito local, vinculadas a la promoción de Derechos Humanos; todo esto sin presupuesto ni insumos y con la totalidad del personal del área -incluida la mínima planta política, apenas dos cargos cubiertos- compuesta por agentes del Estado.

Cada día al frente de la Secretaría de Derechos Humanos ha sido pensado como un servicio, en una cartera entendida como un puesto de lucha en una provincia rica, que merece tener menos desigualdad y pobreza. Con el esfuerzo cotidiano puesto en los más necesitados, porque entiendo que no se puede ser poderoso con los débiles y débil con los poderosos.

Estoy convencido, en este sentido, de haber sido coherente con mi propia historia, basada en una serie de convicciones asumidas hace muchos años. Y lamento profundamente, además, que no hayan sido tenidas en cuenta algunas de las propuestas de esta Secretaría que considero innovadoras y necesarias, como la reducción de la dieta de los funcionarios del gabinete, la implementación de un fuerte control de precios o la puesta en marcha de centros de atención a las victimas, entre otras.

Por último, me permito señalar la imperiosa necesidad de que el pueblo fueguino tenga una Secretaría de Derechos Humanos fuerte y relevante como eje transversal de la administración pública y de la sociedad en general. Una Secretaría que "humanice" al propio Estado, por definición principal vulnerador de Derechos Humanos.

Sería una pena, en este sentido, que no se profundizara el camino iniciado.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente, soñando con una provincia justa e igualitaria, y con aquella revolución en paz que se anunciara el 17 de diciembre de 2007".

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