El paro que el sindicalismo opositor esperaba anunciar en los próximos días para renovar su ofensiva contra el Gobierno por cambios en el impuesto a las Ganancias no se concretará durante la primera quincena de agosto, como pretendían algunos de sus organizadores. La decisión de patear para adelante la medida de fuerza fue resuelta por el propio líder de la CGT disidente, Hugo Moyano, luego de que los poderosos gremios del transporte aliados al camionero, la UTA y La Fraternidad, deslizaron que no se sumarían a la protesta. 

Sin la adhesión de esos sindicatos (los mismos que garantizaron la contundencia de la última huelga nacional del 10 de abril al paralizar el transporte público), la protesta corría el riesgo de quedar desdibujada, complicando los planes moyanistas de fortalecer su embestida contra la administración kirchnerista. “Todavía no hay fecha (para el paro), se está evaluando”, indicó un referente cercano al camionero. Otro gremialista del sector consideró muy difícil que cualquier medida de fuerza se concrete antes de septiembre.

La posición de los jefes de La Fraternidad y la UTA, Omar Maturano y Roberto Fernández, fue decisiva para postergar la protesta pese a la presión pública del titular de la CTA disidente, Pablo Micheli, que en los últimos días había anticipado que la protesta se concretaría la segunda semana de agosto.

Fuentes sindicales consultadas por este diario señalaron que Fernández y Maturano (actualmente de viaje en el exterior) plantearon a Moyano y al titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, la inconveniencia de apurar el paro y pidieron más tiempo, con el argumento de que las demoras del Gobierno para dar respuestas por Ganancias podría forzar la adhesión a la medida de gremios enrolados en la CGT oficial de Antonio Caló. “Ahora no es el mejor momento, con todo el tema de los fondos buitre en el medio. Hay más margen en septiembre”, dijeron desde uno de esos gremios.

Sin embargo, en algunos sectores gremiales vincularon la postura de los sindicatos del transporte a recientes medidas del Ejecutivo que favorecieron sus reclamos. Esos comentarios apuntaron sobre todo a Fernández, que mediante una resolución de la Secretaría de Transporte del lunes pasado logró comprometer a las empresas de micros de larga distancia con el pago de una suba salarial del 30% a los choferes, bajo la amenaza de perder los permisos para operar los servicios.

En tanto, y a pesar del gesto ofrecido por el Gobierno con el nuevo aumento de fondos a las obras sociales a partir de la suba de las cápitas que pagan los monotributistas, importantes gremios de la CGT de Caló acumulan bronca ante la decisión oficial de seguir postergando una definición por la rebaja de la carga de Ganancias sobre los salarios. La entidad aguardará el final de la próxima semana, una vez que se defina si el país está en condiciones de pagar su deuda reestructurada o entra en default, por la respuesta com prometida por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tras lo cual no descarta disponer un plan de lucha si el Ejecutivo no atiende su reclamo.