Los fallos judiciales contra buscadores web también afectan la libertad de expresión

Por Pablo Abiad

Periodista y abogado. Director de Comunicación en Litigios de Llorente & Cuenca

Cualquiera que haya desarrollado alguna actividad más o menos pública puede tipear su nombre en un buscador online y verificará que no todos los resultados que la web devuelve le serán agradables. Algo así han hecho últimamente la jueza María Romilda Servini de Cubría, la modelo Valeria Mazza o el mismísimo Diego Maradona. Como descubrieron que su autogoogleo conducía a sitios que supuestamente afectaban su honor, demandaron Google y Yahoo -en tanto grandes puertas de entrada a Internet- para que eliminaran del ciberespacio los links con esas menciones consideradas inconvenientes.

A varias de estas celebridades, la Justicia les viene dando la razón en una clase de decisión que pone en un peligroso segundo plano la libertad de expresión y que invita a los buscadores a censurar determinados contenidos, ya que los obliga a hacer un juicio previo acerca de si tal o cual comentario, post o artículo puede resultar difamatorio. Sentencias en este sentido están responsabilizando a Google y a Yahoo como si fueran ellos los autores de esos textos, cuando la función de estos sitios no es otra que buscar en la red de redes determinados contenidos preexistentes y listarlos con prolijidad para su consulta.

El caso más reciente lo ganó Virginia Da Cunha, una chica que cantaba en el grupo Bandana y que encontró su nombre citado en páginas sobre servicios sexuales. Demandó a los buscadores y una jueza en lo Civil, Virginia Simari, le dio la razón: le concedió 100 mil pesos de indemnización por daños y perjuicios con el argumento de que los buscadores son páginas web que en definitiva ‘deciden qué contenidos incluyen o no’ y que, por tanto, debieron haber advertido la potencialidad injuriante de esas alusiones en los links.

Es decir, quien resultó condenado no fue el autor del sitio que sostuvo ofendió a Da Cunha, sino el que, a través de sofisticados algoritmos de búsqueda, simplemente señaló dónde ese sitio estaba ubicado. Si esto ocurriera en el mundo del papel y no en el virtual, la condena no le hubiera correspondido al autor del libro que contenía la injuria, sino al responsable del catálogo de la biblioteca que indicó en qué estante se ubicaba ese libro.

Con este criterio, los buscadores debieran revisar cada dirección que recomiendan antes de ofrecer los resultados de cada búsqueda; un deber de diligencia extremo, impracticable, que reduciría el acceso a la información, que llevaría a la censura de contenidos y que, paradójicamente, no atacaría la fuente de la injuria porque el sitio recomendado por el buscador seguiría en pie, esperando que se acceda a él por otra vía.

El famoso que más lejos llevó a los buscadores fue Servini de Cubría. Como encontró que la web -incluyendo diarios y portales de noticias de primer nivel- no hablaba sobre ella tan bien como le gustaría, logró que un juez federal, Marcelo Wathelet, le ordenara a los buscadores que eliminaran todos los links vinculados a su nombre. O sea, que si alguien tipeaba ‘Servini de Cubria’ desde Google.ar o Yahoo.ar la respuesta debía ser nula.

Algo parecido intentaron con diverso éxito un fiscal llamado Marcelo Miragaya, la actriz Romina Gaetani y el ex arquero Sergio Goycochea. En el caso de Servini, este año la Cámara revocó la sentencia y, citando a la Corte, comparó abiertamente el bloqueo de un buscador con un caso de censura previa, a la vez que le recordó a la jueza lo mismo que se le hizo saber cuando intentó la censura previa sobre un programa de Tato Bores, hace 17 años: que los funcionarios públicos están obligados a tolerar las críticas más duras y, en todo caso, tienen una acción posterior por daños si se consideran agraviados. El auge de Internet, que a esta altura tiene poco de nuevo, todavía representa muchos desafíos desde el punto de vista legal. En el medio del debate sobre la nueva ley de servicios audiovisuales, un senador, Guillermo Jenefes (Frente para la Victoria/Jujuy), impulsa en el Congreso un proyecto "a fin de que el damnificado pueda defenderse de los daños causados por la difusión de opiniones que afectan sus derechos personales". Jenefes quiere que sea una ley -desmesurada y censora- la que obligue a todos los sitios a borrar las opiniones colgadas del espacio virtual por el solo pedido de cualquier autogoogleado insatisfecho. El proyecto sostiene que los buscadores "lucran con una actividad que es susceptible de causar perjuicios a terceros y, en esa calidad, resulta indudable su responsabilidad civil". Sería otro gravísimo paso atrás en materia de libertad de expresión.

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