Un fallo relativizó el supuesto trauma que sufría Giúdice

Que Pedro Giúdice haya sido fiscal de Estado adjunto (ahora es titular) prueba que el trauma psíquico, que había invocado su hijo (Pedro Rodolfo Giúdice), en una causa impulsada contra un particular, no revestía la gravedad que se había invocado.
Esto concluyó con rotundez la Sala I de la Cámara de Documentos y Locaciones, que redujo de $ 300.000 a sólo $ 24.408 el monto de la indemnización establecida a favor de Giúdice (h).

La jueza de la II Nominación del fuero, Lucía Alcorta, había hecho lugar a la demanda promovida por Giúdice (h) contra Carlos Alberto Arévalo. Como consecuencia, fijó el resarcimiento en unos $ 300.000, $ 100.000 de ellos en concepto de daño moral. Arévalo recurrió la decisión y los vocales de la Sala I, Ana María Rodríguez Prados de Basco y Carlos Courtade, hicieron lugar parcialmente al recurso de apelación que había interpuesto.

El origen de la controversia es el contrato (pacto de cuota litis se denomina) que Giúdice, cuando aún no era fiscal de Estado, celebró con Arévalo para, a su vez, obtener la resolución judicial del convenio que este había celebrado con la firma Darren S.A. El acuerdo preveía, entre otras cosas, que Giúdice recibiera como pago -por sus tareas profesionales como abogado- el 10% del resarcimiento (por daños y perjuicios) que Arévalo iba a peticionar contra Darren S.A.

Luego, Giúdice cedió a su hijo los derechos contra Arévalo, pero limitados a lo relacionado con los honorarios profesionales (el acuerdo originario era más amplio).

En forma paralela, hecho en el que ya no tuvo intervención el actual fiscal de Estado, Arévalo desistió del derecho y del proceso que había entablado contra Darren (ahora se denomina Cablescorp SA). Como consecuencia de esto, Giúdice (h) accionó contra Arévalo.

Los vocales, aunque limitaron el resarcimiento, reconocieron que a Giúdice (h) le correspondía una indemnización por la frustración o pérdida de chance que había sufrido como consecuencia del desistimiento de Arévalo. Por eso, determinaron que el 10% del total que en 2002 Arévalo había demandado contra Darren S.A. antes de declinar ($ 244.000) era $ 24.408, la ganancia estimativa que Giúdice (h) podía esperar si ganaban el juicio.

No obstante, los camaristas aseveraron que no podía fijarse $ 100.000 de daño moral, pese a que, según una pericia psicológica, los hechos (el desistimiento) le habían causado al actual fiscal de Estado un trauma, con “anulación de su desempeño laboral”. “Estas conclusiones deben ser relativizadas, pues en el momento en que se produjo el informe de la perito (2006), Giúdice ya se desempeñaba en un cargo público, vinculado al ejercicio de la profesión de abogado” (era fiscal de Estado adjunto), destacaron los vocales. Además, agregaron que Giúdice (h) no podía accionar para obtener la reparación del hipótetico daño moral sufrido por su padre, porque se trata de algo “personalísimo e intransmisible”.

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