No hay fallo que pueda arreglar lo que pasó

Por Fernando Laborda

Ningún fallo judicial, por más ejemplarizador que sea, puede atemperar el legítimo dolor de los familiares de los casi dos centenares de personas muertas aquel 30 de diciembre de 2004 en un local bailable cuyo solo nombre, Cromagnon, es representativo desde entonces del nivel de atraso del país, dados por un Estado corrupto y una sociedad inmadura.

Nada ni nadie podrá mitigar tanta pena por un hecho que podría haberse evitado si los mecanismos institucionales de control hubieran funcionado.

Nada ni nadie podrá devolverles la vida a los jóvenes, adolescentes y niños que fueron víctimas de una trampa mortal, derivada, además de la ausencia de elementales normas de seguridad, de la desgraciada combinación de irresponsabilidad, desidia, inconsciencia, imprudencia, imprevisión y también corrupción. La tragedia de Cromagnon encuentra una responsabilidad primaria que recae en quienes explotaban el local bailable, que permitieron el ingreso de muchas más personas que las que toleraba el lugar, emplearon decoraciones con materiales altamente inflamables, permitieron el ingreso de asistentes con bengalas y clausuraron las únicas vías de escape que, de haber estado habilitadas, hubieran sido la salvación para muchos de los que murieron atrapados por las llamas, el humo o los amontonamientos que provocó la desesperación.

A esa responsabilidad primaria, hay que sumar la desidia y la ineficacia de autoridades gubernamentales y policiales para garantizar el fiel cumplimiento de normas de seguridad, cuando no su corrupción para hacer la vista gorda ante evidentes irregularidades.

El episodio de Cromagnon fue, en consecuencia, el resultado de una trama en la que se combinaron la negligencia privada con la desidia y la corrupción pública.

Se conjugaron allí a la perfección la ineptitud, no exenta de complicidad, de los funcionarios para garantizar medidas de seguridad en un concierto para jóvenes y la irresponsabilidad de quienes privilegiaron la obtención del lucro a la prevención.

Es entendible que el fallo judicial conocido ayer no satisfaga a los padres y familiares de las numerosas víctimas. Respecto de los poderes políticos, hubo una fuerte condena social y una destitución en juicio político del entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, pero éste fue luego sobreseído por la Justicia en la causa penal.

Ningún otro funcionario gubernamental de relevancia resultó condenado. La excepción estuvo dada por las dos funcionarias de la Subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, cuya pena de dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público sonó simbólica. No es el caso del subcomisario de la comisaría 7a., Carlos Díaz, acusado de cohecho pasivo, sentenciado a 18 años de cárcel.

Por el lado de los particulares penalmente responsables, el tribunal sólo apuntó hacia Omar Chabán, el gerenciador del boliche, y Diego Argarañaz, manager del grupo musical Callejeros, y dejó a salvo a los músicos. Esta última decisión fue la más cuestionada por los familiares de las víctimas.

A los integrantes del grupo musical, quienes oportunamente serán juzgados por la Cámara de Casación, les cabe seguramente el cuestionamiento por el desapego que, en honor a una inexplicablemente celebrada transgresión, exhibimos muchos argentinos a la hora de acatar normas, suponiendo quizá que jugar con fuego no entraña riesgo alguno.

Jugar con fuego fue, precisamente, lo que hicieron ayer familiares y seguidores de Callejeros, al festejar ruidosamente y con papelitos la absolución de los músicos sin el menor respeto por el dolor ajeno. Hicieron honor a Cromagnon, es decir, a la imprudencia y a la inmadurez.

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