A un año del fallo que limitó la reforma de 2006

Gracias al control que efectuaron los jueces, el CAM fue creado por ley y no por un decreto, como lo posibilitaba la nueva Constitución. La sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo también bloqueó el sistema de enmiendas legislativas.
Mañana será un día más según el calendario, pero para la historia institucional de Tucumán se cumplirá un año de un histórico pronunciamiento. El 8 de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó parcialmente la sentencia por medio de la cual, a partir de una acción judicial promovida por el Colegio de Abogados de la capital, el 5 de febrero de ese mismo año, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había declarado nulas e inconstitucionales disposiciones incorporadas a la Constitución por la reformada del año 2006.

El impacto de la decisión adoptada por la mayoría del alto tribunal (Antonio Gandur, René Goane y la camarista Ebe López Piossek, que debió integrar la Corte, mientras que Alberto José Brito votó en disidencia) ha tenido especial trascendencia en dos planos.

El primero es en el devenir concreto de la vida institucional. Esto, en la medida en que la Corte, al igual que lo habían hecho los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (Sala II), concluyó que era nulo el tramo del artículo 101, inciso 5 de la nueva Constitución, que se limitaba a establecer que "el Poder Ejecutivo organizará un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)". Tal disposición, por su vaciedad, posibilitaba que el gobernador, mediante un simple decreto, determinara qué estamentos y en qué proporción iban a integrar el órgano encargado nada menos que de seleccionar a los interesados en acceder a la judicatura.

Asimismo, la Corte ratificó la resolución adoptada por Novillo y Giovanniello de que eran igualmente inconstitucionales y nulos los artículos 155 y 156 de la Carta Magna. Estos dos artículos, prácticamente, transformaban en flexible la Constitución al permitir que, una vez que transcurrieran dos años desde la reforma de 2006, fuera posible modificar el texto constitucional por medio de simples enmiendas legislativas; es decir, sin necesidad de convocar a una Convención Constituyente, dado que se establecía que sólo bastaba con que las reformas fueran aprobadas por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y luego de convocar a un referendo popular ratificatorio para consagrar los cambios. Esto hubiera significado una herramienta poderosa para el oficialismo, que cuenta con 45 de los 49 legisladores.

Además, tales artículos, como no establecían -como sucede en otras provincias- cuáles eran las materias o contenidos que podían ser susceptibles de ser reformados por vía de enmienda, permitían que, en los hechos, por este sistema, fuera modificada toda la Constitución.

Idas y vueltas

Además de haber bloqueado la posibilidad de que haya reformas constitucionales por medio de enmiendas, los férreos límites marcados por el pronunciamiento han tenido un particular efecto en relación con el CAM, pese a las reticencias del oficialismo.

En un primer momento, amén de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (contra el fallo del alto tribunal provincial), el alperovichismo amenazó con promover otra reforma constitucional, supuestamente para que esta determinara qué estamentos iban a integrar el CAM y, mientras, intentó que los poderes políticos designaran discrecionalmente jueces subrogantes sin ningún mecanismo de selección, iniciativa que quedó trunca gracias a una medida cautelar dispuesta por el juez Novillo el 21 de diciembre de 2008.

No obstante, casi un año después de la sentencia de la Corte, las cosas comenzaron a adecuarse a algunos de los parámetros fijados por la sentencia en relación con el CAM. Así, el 10 de agosto fue promulgada la Ley 8.197. Por medio de esta y más allá de las críticas que ha recibido, la Legislatura creó el CAM en la órbita del Poder Judicial y no en la del Poder Ejecutivo, como preveía la Constitución de 2006.

Sin precedentes

El segundo plano en el que cobra relevancia el pronunciamiento es en el de la magnitud del inédito y profundo control que efectuaron los jueces sobre el resultado del proceso reformador concretado por la Convención Constituyente en 2006. Si declarar inconstitucional una simple ley es considerado como el último y grave recurso del que disponen los magistrados para, en un caso judicial concreto, asegurar la supremacía de la Constitución respecto de la norma insalvablemente contraria a ella, en Tucumán tal declaración (de inconstitucionalidad y de nulidad) se hizo nada menos que respecto de disposiciones de la propia Constitución provincial.

He aquí la gran novedad, que anteriormente sólo se había registrado en la órbita federal el 19 de agosto de 1999 en el caso "Fayt". Entonces, la Corte Suprema de Justicia del país declaró nulo e inconstitucional parte del artículo 99, inciso 4 de la Constitución nacional reformada en 1994, en la medida en que exigía un nuevo acuerdo del Senado para que pudieran continuar en sus cargos los magistrados federales que cumplieran 75 años.

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