Según el tribunal, “acceder en forma directa a la pretensión de la actora permite concederle un status jurídico que no halla sustento o protección normativa alguna hasta ahora; ello por cuanto la resolución dictada por la Autoridad Federal no permite vislumbrar un accionar caprichoso o discrecional de ella toda vez que dicho organismo se ha sometido a los designios de la ley Nº 26.522 y del Decreto Nº 1225/10. Vale decir, dicha autoridad ha respetado y actuado cumpliendo los recaudos legales respectivos”.

Agregó que “el dictado de cautelares contra el Estado resulta sensiblemente restringido respecto de actos emanados de la administración o poderes públicos, en atención a la presunción de validez de la cual éstos gozan".

"Tal presunción de legitimidad determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares contra los actos de la administración”, aseguró según publica en su portal el Centro de Información Judicial.

“De la compulsa de estas actuaciones advertimos que la Autoridad Federal ha actuado conforme la ley 26.522 sancionada por el H. Congreso de la Nación y el Decreto Nº 1225/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, comportamiento que no permite valorar como un accionar arbitrario del Estado Nacional, pues dicho organismo encuentra respaldo normativo y no una discrecionalidad en su accionar”, indicó.