Fallo judicial ordenó embargo a Aguas de La Rioja por casi $3 millones

La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas resolvió hacer lugar al embargo preventivo en los fondos que recauda EDELAR por los servicios de agua potable y desagües cloacales hasta cubrir la suma de 2.839.904,1 en concepto de deudas a favor del municipio de Capital.
De esta forma, la Justicia determinó trabar embargo preventivo en los fondos recaudados por EDELAR SA en concepto de pago de servicios de agua potable y cloacas pertenecientes a Aguas de La Rioja SA, GEA SA, fiduciarios del Fideicomiso ALRSA y a cualquier otra persona jurídica o física cesionaria de derechos patrimoniales de Aguas de La Rioja hasta cubrir la suma total que comprende deudas en conceptos de infracciones labradas por la Dirección de Higiene Urbana y casi dos millones por deuda impaga en concepto de contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacio y lugares de uso público y tasa por inspección de seguridad e higiene.

Ante la Cámara Cuarta compareció el fiscal de la comuna capitalina, Daniel Herrera y los abogados Fabricio Bolognesi y Hugo Vidable en representación del municipio contra Aguas de La Rioja SA, GEA SA Fiduciario de "Fideicomiso ALRSA y cualquier otra persona física o jurídica cesionaria de derechos patrimoniales de la empresa concesionaria del servicio de agua potable y desagües cloacales "con el fin de resguardar el dinero correspondiente a parte del crédito adeudado y evitar un grave perjuicio al erario municipal".

Cabe recordar que la empresa concesionaria publicó en este matutino un aviso publicitario donde informaba a los usuarios el traspaso de los créditos a la empresa GEA SA. El municipio a través de sus representantes legales expresa que "la maniobra para insolventarse con la cesión de créditos es manifiesta, pues ante la posibilidad cierta de la rescisión del contrato de concesión del servicio público de agua potable y cloacas, Aguas de La Rioja desvía la recaudación para terceros con el objeto de insolventarse y pasar a ser un deudor incobrable aparte de ser una persona jurídica SA sin responsabilidad más allá de su composición accionaria insuficiente.

De esa forma solicitan se ordene el embargo de todos los fondos recaudados por EDELAR por pagos del servicio que presta la concesionaria de aguas y cloacas. En cuanto a la procedencia de lo solicitado, los representantes del municipio aducen "el temor fundado por motivos que hacen suponer que la empresa denunciada está produciendo un vaciamiento de su patrimonio tratando de soslayar sus obligaciones con la cesión de créditos -que constituyen casi la totalidad del patrimonio-- a personas jurídicas sustitutas. Manifiestan que se trata de títulos ejecutivos y que son fallos del Juzgado de Faltas originados por múltiples infracciones labradas por la Dirección de Higiene que totalizan 1.030.000. A su vez, existe la suma de 1.809.904,01 en concepto de deuda impaga por la contribución sobre la ocupación o utilización de espacios de dominio y lugares públicos y por tasa de inspección de seguridad e higiene.

El embargo preventivo resuelto por Norma Abate de Mazzucchelli (presidenta), José Luis Magaquián (vocal 1) y María Elisa Toti (vocal 2) sobre autos caratulados "Municipalidad del departamento Capital de La Rioja C/ Aguas de La Rioja SA" en expediente Nro. 1.124 Letra M del año 2009, se fundamenta en la normativa que establece que "podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare (entre otras condiciones) con la existencia del crédito demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos testigos". En función de eso, establecen que los instrumentos públicos expedidos por funcionarios públicos susceptibles de ser ejecutados según las normas que estipulan que "las actuaciones administrativas para constituirse en títulos ejecutivos deben acreditar una deuda en dinero exigible y liquida fácilmente liquidable, que las reúnen las actas labradas por los inspectores públicos y que constituyen elemento suficiente para conferir cierto grado de verosimilitud al reclamo y para admitir la procedencia de la medida.

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