La sentencia, que no fue unánime, marca que la Municipalidad actuó “conforme a derecho”. Según la mayoría del máximo órgano judicial provincial, los plazos del contrato de concesión se encontraban “claramente extinguidos”, y la rescisión no resulta arbitraria ni ilegal. En ese marco, señala que le corresponde ahora al municipio “asumir la prestación efectiva e inmediata del servicio de provisión de agua potable”.

El fallo representa una victoria jurídica y política del intendente Esteban Avilés, quien desde que asumió su primer mandato, en 2011, viene sosteniendo una conflictiva relación, en un marco de tensión y disputa, con la cooperativa prestadora de servicios de agua y de cloacas.

La novedad judicial es de alto impacto político e institucional para Carlos Paz.

Hace unos dos años, el municipio había decidido rescindir el contrato de agua con la Coopi, que apeló la medida mediante recursos de amparo que tuvieron respuesta favorable en la Justicia. Con esos fallos en primera y segunda instancia, la cooperativa mantuvo la prestación de agua en sus manos. Ahora, la resolución del Tribunal Superior cambia el cuadro.

Un punto clave de la discusión jurídica fue que el Gobierno municipal resolvió el fin de la concesión por decreto. Por ordenanza no pudo, al no contar con los dos tercios de los votos de los concejales, lo que exige la Carta Orgánica. Para el Tribunal Superior, a diferencia de instancias judiciales anteriores, ese modo de resolución no afecta la legalidad del proceso.