Un fallo insta a acotar el poder de Moreno

Con una inusual medida, la Justicia intenta lograr lo que nadie ha conseguido hasta ahora: acotar las atribuciones del controvertido secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico instó a la Presidenta a crear el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC), el organismo que debe impedir la existencia de monopolios. Como hoy no existe, sus facultades para vigilar a las empresas las ejerce la secretaría de Moreno, lo que le da un gigantesco poder: autoriza las concentraciones económicas más importantes y sanciona a las compañías que, a su juicio, incurren en conductas anticompetitivas.

En uso de esas atribuciones, Moreno tomó decisiones polémicas. Una de ellas fue la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal, otorgada cuando el Gobierno no se había enfrentado aún con el Grupo Clarín. Además, dispuso que Telefónica de España desinvirtiera en Telecom, aprobó fusiones de grandes empresas siderúrgicas y autorizó la venta de marcas de Quilmes a Brahma, entre otras operaciones millonarias.

La ley 25.156, dictada en 1999, establece que todas estas tareas debe realizarlas un organismo técnico, el TNDC, pero prevé que hasta que el Poder Ejecutivo lo ponga en funcionamiento, quedarán a cargo de la Secretaría de Comercio Interior.

Pasaron diez años y ningún gobierno creó el tribunal. Según los camaristas Edmundo Hendler y Nicanor Repetto, que firman el fallo que le reclama a la Presidenta que lo haga, "la demora en proceder a la integración del organismo que el artículo 19 encomendó expresamente al Poder Ejecutivo, excede todo plazo razonable" y es un "verdadero escándalo jurídico".

La ley establece que el tribunal debe integrarse con siete miembros "con suficientes antecedentes e idoneidad", designados, por concurso, por un jurado con representantes de los tres poderes del Estado y de dos academias. "El ejercicio transitorio de esa autoridad por parte del Secretario de Comercio Interior no satisface el propósito del legislador puesto que no cabe esperar que un funcionario político que actúa en forma unipersonal pueda suplir a un organismo de las características señaladas", sostuvieron los camaristas.

"Nunca hubo voluntad política de crear un organismo independiente que puede contradecir los intereses del gobierno de turno", dijo a LA NACION Diego Petrecolla, experto en la materia y titular durante el gobierno de la Alianza de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (organismo que elabora los dictámenes sobre los que decide Moreno). "No la tuvo De la Rúa ni ninguno de los que vinieron después", afirmó.

Según Petrecolla, que el control lo ejerza el secretario de Comercio contradice todas las recomendaciones internacionales. "Todo país desarrollado tiene un organismo independiente que imparte justicia en el ámbito de la defensa de la competencia para garantizar el derecho de los consumidores. Se trata de evitar que quien ejerce el poder sea oportunista al momento de aprobar o rechazar operaciones", explicó.

Pero, ¿cómo obligar al Poder Ejecutivo a que cree el TNDC?

Los camaristas Hendler y Repetto resolvieron recurrir a la Corte Suprema "para que, por medio de ese tribunal, se curse una comunicación al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que proceda a integrarlo". Lo hicieron el 30 de diciembre pasado, el último día antes de la feria judicial, en el marco de un expediente en el que el Grupo Clarín había cuestionado medidas de Moreno en el caso Cablevisión-Multicanal. Los jueces no hicieron lugar al reclamo, pero pusieron de relieve la gravedad de que no se hubiera creado el tribunal.

¿Y si el Poder Ejecutivo no lo crea jamás? "Esos casos límites no están previstos. Para absurdos tan grandes, de semejantes desobediencias de parte del Estado, no hay soluciones legales -dijo a LA NACION el administrativista Roberto Luqui-. Lo único que quedaría es el juicio político."

En el Congreso hay un proyecto para crear una acción de "hábeas norma". Prevé que si el Poder Ejecutivo no cumple su obligación de volver operativa una ley y un damnificado lo denuncia, el juez supla la omisión y lo haga él, pero está lejos de ser aprobado. Hoy, no hay remedio legal contra la displicencia de un Gobierno que no reglamenta una ley y la hace inaplicable.

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