En un fallo inédito, ordenan al Gobierno entregar una vivienda

En un fallo inédito, ordenan al Gobierno entregar una vivienda
La Justicia se pronunció por el derecho a tener casa de una familia con necesidades extremas.
El Instituto Provincial de Vivienda deberá asistir a una viuda sin trabajo y con un hijo discapacitado.

En 1994 Ana María Alvarez tenía la vida de cualquier madre de clase media. Desde entonces perdió a su esposo e hija además de quedarse sin trabajo, techo ni posibilidades de terminar su carrera de filosofía. El caso originó que la Justicia le ordenara al Gobierno de la Provincia adjudicarle una casa en un fallo inédito en Salta y casi único en el país.

La sentencia de la jueza en lo correccional y de garantías número cinco, Beatriz Renzi, respondió a un recurso de amparo que la mujer había presentado en febrero de 2008 y tuvo en cuenta su situación de "pobreza y exclusión social".

La magistrada le otorgó un plazo de 15 días al Poder Ejecutivo para entregarle una vivienda "que reúna las condiciones habitacionales de acuerdo a sus necesidades".

Hasta el momento Ana María Alvarez vive en una improvisada casa en el barrio Virgen del Rosario con los dos hijos que le quedan, uno de ellos discapacitado cerebral, y un nieto de un año. Sin embargo, es inminente que los desalojen.

"Mi marido trabajaba en un supermercado y yo tenía un puesto en Desarrollo Social. Nuestra vida era normal. En los últimos años tuve que vender la máquina de coser, los muebles, los electrodomésticos... todo lo que me dejó", dijo Ana María a El Tribuno.

La mujer, de 49 años, nunca imaginó el destino que le esperaba. En 1994 su hija había fallecido después de que la atropellara un auto. En 2001 su esposo murió con un diagnóstico de hipertensión arterial a los 50 años. Luego se quedó sin su puesto y tuvo que dejar la vivienda que alquilaba con sus otros dos hijos.

Después de que se quedara viuda, el desaparecido programa Familia Propietaria le entregó un terreno en Virgen del Rosario, un humilde barrio al oeste de la ciudad. Con el dinero que le quedaba, Ana María levantó dos habitaciones y un baño.

Sin embargo, en 2005 se enteró de que, por un error administrativo, el espacio que le habían adjudicado pertenecía legalmente a otra persona. Según consta en el expediente, la dueña formal del lote había contraído una deuda que nunca pagó y por esto están a punto de desalojarla.

La mujer hoy sólo cuenta con 150 pesos del Plan Jefes de Hogar. Su hijo de 24 años tiene un bebé y tampoco encuentra un empleo fijo. Con los pocos ingresos que llegan a la casa de Virgen del Rosario, "se come cuando se puede", contó.

"Estaba anotada en el Instituto Provincial de Vivienda desde la década del ’80. Fue una larga lucha. Pasamos todas las privaciones imaginables", relató Ana María, que estuvo a tres materias de recibirse de licenciada en filosofía y letras.

Ahora su sueño tiene que ver con trabajar y recuperar algo de lo que tenía. El fallo de la Justicia implica que deberán darle un plan de financiamiento acorde a su condición, ya que no podría pagar las cuotas de aproximadamente 500 pesos mensuales de las viviendas sociales.

Fuentes judiciales informaron que es la primera sentencia de estas características en Salta y en el país no hay más de tres, que corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Ana María se mostró aliviada con la decisión de la Justicia pero dijo: "Deberían reconocerme el dinero que puse para construir en el terreno que me adjudicaron porque no tengo la culpa de los errores que cometieron. Invertí todo lo que tenía porque pensé que iba a ser mío".

El fallo de Renzi consideró que hubo una "una grave omisión" en no haber reubicado a la familia en otro lugar, dado el inminente desalojo.

El Tribuno intentó obtener declaraciones del Instituto Provincial de Vivienda sobre el caso y las implicancias de la decisión judicial, pero no se habían obtenido respuestas hasta el cierre de esta edición.

"Es reconocer lo que ordena la Constitución Nacional"

Natalia Buira, defensora oficial civil y representante legal de Ana María Alvarez, destacó en diálogo con El Tribuno la importancia de que la Justicia se haya pronunciado a favor del derecho a la vivienda en Salta.

"Es un reconocimiento a lo que consagran la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales a los que Argentina se ha adherido", manifestó la letrada.

Buira destacó que "cuando falta la vivienda tampoco se accede a la salud o a la alimentación adecuada" y señaló que también "estaban en juego los derechos de la infancia, ya que en el grupo familiar hay un niño de un año que debe ser protegido".

Beatriz Renzi, la jueza que hizo lugar al amparo que presentó Buira, dijo en su sentencia que "la vivienda constituye un derecho humano al que deben prestar acatamiento los tres poderes del Estado".

En la causa consta un informe socioambiental realizado por el Poder Judicial que revela las necesidades de la familia y destaca, entre otras cosas, que están "apenas por encima de la indigencia".

Ana María Alvarez había planteado su caso en el Instituto Provincial de Vivienda y le habían respondido que "no se adjudican casas de manera directa" sino por sorteo entre las familias en lista de espera.

La magistrada concluyó que Ana María Alvarez "está en una situación de desamparo" y que corresponde "evitar que la despojen de su dignidad por cuanto el derecho al que aspira es social y a la vez civil".

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