Un fallo frenó la anulación de las ventas irregulares de tierras públicas

Un fallo frenó la anulación de las ventas irregulares de tierras públicas
La posibilidad de que se anulen las operaciones irregulares de ventas de tierras públicas quedaron casi derrumbadas, ya que un fallo de segunda instancia rechazó un recurso de amparo que había sido presentado a fin de lograr que esas transacciones quedaran sin efecto.
El amparo había tenido una sentencia favorable en primera instancia, cuando la jueza civil Isabel Grillo dispuso una serie de medidas para revisar las ventas de tierras fiscales de los últimos años y eventualmente declarar nulas aquellas que hayan violado las normales constitucionales y legales vigentes. Pero la Cámara Contencioso Administrativa, en segunda instancia, dictó un fallo muy distinto, rechazando el recurso.

Tres mil millones

"El fallo es una vergüenza, porque ni siquiera se aboca al fondo de la cuestión, sino que simplemente rechaza la acción diciendo que no se trata de la vía adecuada. Pero a la vez, no dice entonces cuál sería la vía correcta para anular estos negocios inmobiliarios fabulosos que se hicieron con las tierras públicas del Chaco", planteó el abogado Walter Zanuttini, quien patrocinó la presentación que también firmaron el dirigente sindical Raúl Vallejos, José Luis Rivero (funcionario de carrera del Instituto de Colonización) y Alberto Rolón (de la Dirección de Bosques).

En una conferencia de prensa, Zanuttini y Vallejos criticaron la decisión de la Cámara, y la consideraron un grave retroceso en la revisión de lo que consideran que fue "el mayor negociado de la historia del Chaco". El abogado dijo que en el caso hubo "ventas de tierras por un millón y medio de hectáreas, a un valor de aproximadamente 800 millones de dólares", es decir casi 3.000 millones de pesos al cambio actual.

Ahora, los denunciantes presentarán un recurso extraordinario para que el expediente sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia, sobre el que no se hacen muchas expectativas porque varios jueces fueron funcionarios de Angel Rozas, en cuyo gobierno se cometieron buena parte de las irregularidades.

Las ventas, como determinó una investigación del fiscal John Paris, del Tribunal de Cuentas, se hacían violando la Constitución y la Ley de Tierras, que establecen que los predios fiscales deben ser adjudicados sólo a comunidades aborígenes, pobladores históricos o pequeños y medianos productores que las utilicen para emprendimientos sustentables en términos ambientales. Sin embargo, se demostró que muchísimas adjudicaciones terminaban, directa o indirectamente, beneficiando a empresas comerciales o inversores que las explotaban o las revendían a valores de mercado, luego de haber pagado por ellas precios simbólicos, de unos pocos pesos por hectárea. Zanuttini y Vallejos cuestionaron que, además del traspié judicial, las actuales autoridades del Instituto de Colonización "tampoco avanzaron en nada con la revisión de expedientes, y la comisión investigadora que se creó terminó siendo un fiasco. Las 60.000 hectáreas recuperadas de las que ellos hablan son tierras que se desadjudicaron por motivos administrativos, para nada tienen que ver con los negociados que venimos denunciando", dijeron. Ante la escasa expectativa que genera el recurso ante el Superior Tribunal, Zanuttini dijo que llevarán la causa "hasta las últimas consecuencias, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario".

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