Así advirtieron ayer fuentes oficiales a LA NACION, que esperan ansiosamente esa instancia judicial. Existen tres resoluciones posibles. La Corte -con nuevos integrantes cercanos a Donald Trump- puede aceptar la apelación del gobierno argentino, rechazarla o pedir opinión al Departamento de Estado norteamericano. Las autoridades argentinas apuestan a esta última pero difícil opción, ya que la administración republicana "aportaría una buena opinión" a la Corte para aceptar los argumentos argentinos.

La intención oficial es que el demandante, el fondo Burford Capital, deba recurrir a los tribunales argentinos. Pero sobre esa posibilidad no existe un buen precedente: la Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años, uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Si la Corte Suprema de EE.UU. rechaza la argumentación argentina, el caso volverá a primera instancia. El tribunal de Preska deberá abrir un juicio. Esta posibilidad abriría además lo que se conoce en la justicia norteamericana como un discovery process, que obligaría a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a indagar cómo fue el camino financiero que recorrió la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el "buitre" que inició la demanda.

El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. La Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana.