En la jornada de ayer tomó estado público la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) por la cual rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa del gobernador en el caso del ex procurador Eduardo Emilio Sosa, por lo que dejó firme el llamado a indagatoria. Pero el gobernador ya varios meses antes de esta decisión había tomado la iniciativa de cumplimentar este requerimiento judicial ante la juez subrogante Andrea Askenazi Vera. La CSJ resolvió este martes rechazar “por improcedente” la recusación interpuesta contra sus miembros por la defensa del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, en el marco del recurso de queja interpuesto por esa parte en el año 2013, con motivo del llamado a prestar declaración indagatoria dispuesto a su respecto por la juez que instruye el proceso penal solicitado por la propia Corte Suprema, por el supuesto delito de desobediencia al no concretar la reposición de Eduardo Emilio Sosa en el cargo de agente fiscal ante el Superior Tribunal de Santa Cruz. Asimismo, los jueces del máximo tribunal resolvieron desestimar el recurso de queja, al considerar inadmisible la presentación directa por no cumplir con el precepto formal del artículo 7°, inciso “a”, del Reglamento aprobado por la Acordada 4/2007.Esta decisión de la Corte salió con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt - y por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el voto del juez Raúl Zaffaroni.

Indagatoria cumplidaConsultado por esta situación, el gobernador de la provincia Daniel Peralta confirmó a La Opinión Austral que no hubo sorpresas en la decisión de la Corte, “era esperable” a partir de lo que fue el primer fallo del año 2009 en el que ordenó algo que sigue sosteniendo Peralta “es incumplible” para él y para cualquier persona que ostente el cargo de gobernador, porque el mismo no tiene la facultad de “sacar” o “poner” jueces, ya que eso es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados.Pese a que desde que fuera citado en 2011 a indagatoria por la juez federal por orden de la Corte Suprema de Justicia la defensa del gobernador apeló en todas las instancias el proceso, en el mes de julio hubo un cambio de estrategia.En la última semana, previa a la feria judicial de invierno, Daniel Peralta se presentó de manera espontánea ante la juez subrogante Andrea Askenazi Vera para realizar su indagatoria en este caso.La misma fue tomada por la magistrada, ante la presencia de la fiscal y el secretario del Juzgado, y ahora resta conocer la decisión final que tomará la juez.“En mi caso estoy muy tranquilo porque sé que hice todo lo que estuvo a mi alcance, dentro de lo que las leyes y la Constitución Provincial me dictan” señaló Peralta, y aclaró que el caso Sosa es un caso único en la jurisprudencia argentina, casi “un callejón sin salida”, porque para cumplir con él habría que violar las mismas leyes que fueron, para la Corte, violadas en su momento y que la llevaron a ordenar la restitución del ex procurador. 

El caso Cabe recordar que el “Caso Sosa” es un tema que viene en litigio desde el año 1995, cuando una ley sancionada por la Cámara de Diputados a instancias del entonces gobernador Néstor Kirchner modificaba la orgánica judicial haciendo desaparecer la Procuraduría, dividiéndola en dos, creando los cargos de Agente Fiscal y Defensor ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero no ratifica en ninguno de esos dos cargos al entonces procurador, por lo que los jueces deciden dejarlo cesante pese a la “inamovilidad” constitucional que tienen los magistrados.Así Sosa comenzó un litigio contra el TSJ y en el año 2001 la Corte Suprema de Justicia falló a su favor y ordenó su restitución, pero no se cumplió. En 2005 y luego de un nuevo apercibimiento, los jueces santacruceños determinaron “indemnizar” a Sosa en más de 1 millón de pesos, pero el ex procurador, ya jubilado, aunque “con reservas”, siguió reclamando su reposición en el cargo.En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia volvió a instar al Gobierno de Santa Cruz “a dar una solución definitiva” y reiteró que existían “garantías de inamovilidad” a favor de Emilio Sosa por lo que debía ser repuesto en su cargo.Pero lo novedoso del cargo es que ponía la responsabilidad de hacerlo en la figura del gobernador de la provincia y aclaraba que éste no podía alegar que el cargo ya estaba ocupado por otra persona que también tiene garantías de estabilidad.Daniel Peralta, así las cosas, presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia para que le indicara el camino para llegar a la restitución de Sosa, toda vez que no es facultad del gobernador sacar o reponer en su cargo a los magistrados, ya que sólo puede “proponer” a la Cámara de Diputados, quien es la que, en definitiva, nombra a los jueces y altos magistrados de la Justicia santacruceña.Y remarcando que el fallo tal y como estaba era “incumplible” ya que para hacerlo debía violar la Constitución Provincial y las leyes de Santa Cruz.Esto fue rechazado “por improcedente” por los jueces del Alto Tribunal e intimaron con un plazo perentorio a Peralta a cumplir con el fallo, instruyendo al Juzgado Federal de Río Gallegos a procesar al mandatario provincial si no cumplía con la sentencia de restitución por “desobediencia”, lo que implica un “incumplimiento de deberes de funcionario público”.A fines de noviembre de 2009 el gobernador ideó una estrategia para cumplir con la Corte. Envió una nueva reforma a la Orgánica Judicial a la Cámara de Diputados, dividiendo la Fiscalía en dos fueros, dejando en uno de ellos al actual agente, Claudio Espinosa, y enviando el pliego de designación a los diputados de Eduardo Emilio Sosa para ocupar el otro.Esto nunca fue tratado por los legisladores y el propio Sosa presentó un escrito ante la Corte rechazándolo como solución.En 2010, el máximo tribunal declaró a Peralta en desobediencia y ordenó a la Justicia Federal determinar si el gobernador había incumplido con sus deberes de funcionario público.Esto fue apelado por la defensa de Daniel Peralta en diferentes instancias hasta que en 2013 se llegó con un recurso de queja ante la Corte, entendiendo que había prescrito la “desobediencia” por un lado, por lo que rechazaba la citación a indagatoria.Justamente este recurso de queja fue el rechazo que se conoció este martes por parte de los jueces de la Corte, sin saber que tres meses antes ya el gobernador por decisión propia había decidido presentarse espontáneamente a la Justicia.