Un fallo clave de la Corte

Por: Adrián Ventura.

Si los medios de comunicación perjudicados por la ley impugnasen no sólo las normas inconstitucionales que contiene, sino también el trámite irregular que le imprimió el Congreso nacional, podrían encontrar un inesperado respaldo en un fallo que la Corte Suprema dictó en 2007.

Hace dos años, el máximo tribunal, con la firma de cuatro de sus actuales ministros ?Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Enrique Petracchi?, resolvió que la Corte puede revisar el trámite legislativo. El fallo es poco conocido, pero es muy importante.

Por cierto, el embate más fuerte de las empresas periodísticas girará alrededor de una veintena de artículos que contienen abusivas violaciones del derecho de propiedad y de la libertad de expresión.

Pero durante el trámite de sanción de la ley la Cámara de Diputados no respetó el tiempo reglamentario que debe existir entre el tratamiento de un proyecto en comisión y su votación en el recinto. Y, a su vez, el decreto que promulgó la ley corrigió su texto a partir de una fe de erratas que nunca fue conocida por los senadores.

Hasta hace dos años, había pocas chances de impugnar estas trampas. En efecto, en la reforma constitucional de 1957, la Convención Reformadora introdujo el artículo 14 bis, relativo a los derechos sociales. Lo hizo sin haber respetado el reglamento que la propia convención había dictado.

La Corte, cuando resolvió ese planteo, en 1963, fijó un criterio que reiteró a lo largo de los años: la Justicia no tiene competencia para revisar el trámite de sanción de una ley, salvo que el Congreso viole los pasos "mínimos e indispensables" que establece la Constitución para la sanción de las leyes.

El nuevo criterio

Pero en 2007, la Corte dio un giro. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde había propuesto el ascenso de un militar, Julio César Binotti, pero el Senado rechazó el pliego. Entonces el oficial presentó una acción de amparo: la Corte interpretó que el Senado, a la hora de computar la mayoría absoluta, no había respetado el criterio establecido por su propio reglamento interno.

En el caso Binotti, la Corte resolvió que el trámite de sanción de las leyes ?un acto político por excelencia? es revisable por la Justicia, pues los jueces pueden controlar si los otros poderes, al ejercer sus atribuciones propias, se extralimitaron.

Dijo el máximo tribunal que "determinar si una cámara del Congreso actuó o no dentro de su competencia es una cuestión justiciable", y sostuvo que si una cámara "autorregula su funcionamiento a través de un reglamento, una violación del mismo que lesiona derechos individuales no podría quedar exenta de control judicial".

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