Un fallo del año anterior reconoce la movilidad a los jubilados salteños

Un fallo del año anterior reconoce la movilidad a los jubilados salteños
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social le reconoció a un docente jubilado salteño el derecho a la movilidad de sus haberes que tenía en el sistema provincial previo a la transferencia de su caja previsional a la Nación en 1996.
En el fallo, fechado en noviembre pasado, los jueces entienden además que la Provincia también es responsable de garantizar que se cumpla con el 82% móvil de los jubilados salteños transferidos.

En este sentido, la determinación de los camaristas no sólo sienta un importante precedente para los más de 11 mil jubilados salteños transferidos que reclaman el 82% móvil, sino que refuta los argumentos del fiscal de Estado, López Viñals, que se niega a realizarle un juicio a la Nación para que garantice la movilidad del sector pasivo salteño, a pesar de un pedido de la Cámara de Diputados provincial en este sentido.

Los jueces Luis Herrara, Emilio Fernández y Nora Dorado entendieron que del convenio de transferencia de las cajas previsionales surge que "el compromiso que asume el estado Nacional ANSeS es e respetar el pago de los beneficios previsionales ya acordados".

"En consecuencia, si bien la Provincia se desliga de su responsabilidad a partir de la fecha de vigencia del convenio (de transferencia), el 13 de febrero de 1996, ello es así en tanto y en cuanto se apliquen las disposiciones referidas.

Si la pretensión se basa en mantener pautas de movilidad ajenas a estas disposiciones propias de la órbita provincial, el reclamo debe ser enderezado a la misma, ya que el Estado Nacional no asume, en razón de dicho convenio, más obligaciones que las pactadas, ni puede obligárselo a mantener pautas de movilidad ajenas al régimen general que expresamente se conviene aplicar a partir de aquella fecha", reza el fallo.

Los jueces también refutan el argumento de la ANSeS de que las jubilaciones se rigen por las normas nacionales y ya no las provinciales, al sostener que "es un principio indiscutido en materia previsional que la ley aplicable al caso es la ley vigente al momento del cese del actor", es decir, la normativa salteña.

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