Facultades delegadas, una bomba de tiempo

Por Carlos Pagni

Dentro de 43 días el Gobierno podría perder la facultad de cobrar retenciones a las exportaciones. La Casa Rosada puede fijar ese tipo de impuesto porque el Congreso viene autorizándola a hacerlo. La última vez fue hace tres años, por un plazo que vence el 24 de agosto. Esa fecha es el callejón sin salida por el cual el conflicto con el campo está volviendo al Congreso. La caja sobre la que se sostiene el Tesoro será puesta en discusión por los productores rurales, por los gobernadores y hasta por el gremialismo. El 24 de agosto puede ser el "día D" de la gobernabilidad kirchnerista.

Por suerte, la Presidenta se ha convertido al pluralismo y reabrirá una discusión con la Comisión de Enlace agropecuaria, que alcanzará a las polémicas retenciones. Porque cuando el Congreso reanude su actividad, el fisco podría perder $ 34.200 millones (US$ 9000 millones), que es la recaudación aproximada por las retenciones a los granos y a los hidrocarburos. Ante una cifra de esa magnitud, hasta el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se vuelve conciliador.

Esta bomba de tiempo fiscal, cuyo tictac resultó hasta ahora imperceptible para casi toda la dirigencia rural y legislativa, fue instalada en 1994 por los constituyentes, entre quienes estaban los Kirchner. En su artículo 76, la Constitución reformada prohibió al Congreso delegar facultades en el Ejecutivo, salvo en casos de emergencia, con un plazo fijo y sobre temas preestablecidos. En la cláusula transitoria octava, estableció también que la legislación que se hubiera delegado desde 1853 hasta esa fecha caducaría en cinco años, salvo que los legisladores la ratifiquen. Por eso desde 1999 (ley 25.148) diputados y senadores han venido renovando al Ejecutivo las facultades transferidas: lo hicieron también en 2002 (ley 25.645), en 2004 (ley 25.918) y en 2006 (ley 26.135), que es la prórroga que vence este año.

Las facultades que se trasladan a la Presidencia están ocultas en más de 1900 leyes. Para detectarlas haría falta confeccionar un digesto. Como esa tarea está pendiente, las cámaras dispusieron prórrogas a ciegas. Hasta ahora lo hicieron sin conflicto: ninguna de las capacidades delegadas suponía una controversia. Pero este año se acabó la paz. Entre esas atribuciones está el artículo Nº 755 del Código Aduanero, que dice: "En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido?". Cristina Kirchner puede cobrar retenciones gracias a esta cláusula cuya validez fenece, con el resto de la delegación legislativa, el 24 de agosto.

La discusión parlamentaria es inexorable, ya que, de no extenderse otra prórroga, gran parte del sistema jurídico ingresaría en una noche negra. Por eso las entidades del campo ya no necesitan que la oposición alcance el quórum para que se trate una rebaja en las retenciones.

El oficialismo del Congreso no quiere volver a enfrentar a los productores. Bastante cara pagó esa guerra en los últimos comicios en los que el campo fue, sobre todo en la pampa húmeda, el gran elector.

Es comprensible, entonces, que el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, esté pidiendo a su gobierno que negocie con la Comisión de Enlace antes de que la discusión se desate en el Congreso. Rossi, sin margen para repetir el salto mortal de las retenciones móviles, aclara: "La política agropecuaria la debe fijar la Secretaría de Agricultura". Traducido: nadie compartirá los costos de la intransigencia de Olivos.

La diputada Vilma Ibarra, flamante blogger , fue más directa: "No sería prudente que el Gobierno fuerce a sus legisladores para tratar de obtener una nueva prórroga en masa de las facultades delegadas", publicó en su página.

Retenciones

Desde la derrota del 28 de junio, nadie sabe con qué fuerza cuentan los Kirchner en el Congreso. El primer test importante será la renovación, suspensión o limitación de las retenciones. Inmejorable papel de tornasol. También la oposición está ante un examen. ¿Elaborará una posición homogénea en una materia crucial? Por ahora hay tantas estrategias como proyectos presidenciales.

La UCR de Ernesto Sanz y Oscar Aguad mantendrá la delegación, pero fijando límites temporales y cuantitativos. Es la posición de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo en el caso "Gallo Llorente, Santiago Emilio c/Ministerio de Economía". En ese fallo, la jueza Marta Herrera hizo una defensa muy articulada de la constitucionalidad del artículo Nº 755 del Código Aduanero, aclarando que el Congreso debe fijar límites muy precisos al Ejecutivo mediante leyes.

Pro, encabezado por Federico Pinedo, Paula Bertol y Cristian Gribaudo, propondrá que se derogue ese artículo. Igual que las entidades agropecuarias, lo tachan de inconstitucional, ya que la Carta Magna sólo permite al Congreso fijar impuestos. El Gobierno responderá con un acertijo: ¿qué hacer con el cráter de US$ 9000 millones que se abriría en el Tesoro?

Rossi y su bloque, condenados a ceder, confían en que los gobernadores defenderán la caja de los Kirchner. No por lealtad partidaria sino porque 30% de lo que se recauda en concepto de retenciones a la soja se coparticipa con las provincias. La de Rossi es una apuesta audaz. Para recuperar su competitividad en 2011, el PJ deberá reconciliarse con la clase media rural. Tal vez los jefes provinciales podrían negociar ese objetivo, pero a cambio de más recursos. Los peronistas cordobeses, santafecinos y entrerrianos ya piden que se distribuyan las retenciones a los hidrocarburos. Conclusión: antes del 24 de agosto, a los Kirchner se les habrá reabierto la cuestión federal por la ventana de la coparticipación.

Bajo el estupor de la derrota, Cristina Kirchner propuso el diálogo, pero no organizó un procedimiento para llevarlo adelante. La dirigencia argentina aprovecha esa demora para listar sus demandas como si fueran regalos de bodas. Por eso el 24 de agosto puede convertirse en una encerrona para el Gobierno. ¿Negociará sólo las retenciones o ampliará la discusión a los "superpoderes", la coparticipación del impuesto al cheque y la ley de emergencia económica? ¿Sabrá Amado Boudou que con esos cuatro cambios la discusión del Presupuesto será explosiva? ¿Quién será el negociador de esta agenda? ¿Superará el pésimo antecedente de la experiencia De Vido/Biolcati? Y la pregunta principal: ¿está Néstor Kirchner dispuesto a ceder?

Cuando se vio vencido, Kirchner no fue a buscar alivio entre los compañeros del PJ, que le habrían reprochado su política agropecuaria. Al contrario, renunció a la jefatura del partido y se unió a una asamblea del grupo Carta Abierta, que adhiere a él con la condición de que resista la "restauración conservadora" que pretende el "bloque agrario". Inquietante dilema para Kirchner: antes del 24 de agosto deberá elegir entre los pragmáticos caudillos del PJ y esos intelectuales de izquierda, que todavía le otorgan la cinta azul de un liderazgo nacional y popular.

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