Una facultad constitucional

Por Diana Conti

Estando en receso el Congreso, la Presidenta creó por decreto, en pleno uso de sus facultades constitucionales, el Fondo del Bicentenario. Para ello, modificó la ley de convertibilidad. Generó, de ese modo, una norma legal válida, al menos hasta que ambas cámaras del Congreso declaren lo contrario.

Esta situación hoy no es discutible, puesto que la ley 26.122, dictada en junio de 2006, a propuesta de la entonces senadora Cristina Kirchner, saldó la deuda constitucional de creación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Desde entonces, ante cada decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Parlamento tiene actuación aun en momentos de receso . Y es esa misma ley la que establece el valor legal de un decreto de esa naturaleza.

Frente a la resistencia del presidente del Banco Central a cumplir con una norma vigente y frente al grave daño que esta incertidumbre provoca en nuestra economía, la Presidenta volvió a utilizar sus facultades constitucionales para remover al funcionario remiso, por medio de un DNU, que ya ingresó en el Congreso para su análisis.

Durante el receso legislativo, el DNU es el instrumento constitucional que tiene el presidente de la Nación para modificar una ley. La intervención de la comisión parlamentaria en el proceso de destitución del titular del Banco Central, a la que hace referencia la Carta Orgánica de la entidad, no puede constituirse dado que en el Senado y en Diputados no se han constituido las comisiones permanentes y no se ha nombrado a sus autoridades.

En un país presidencialista, donde administra y gobierna el presidente, esa autoridad tiene que estar dotada de recursos con valor legal para que en momentos de necesidad y urgencia no dependa de los tiempos parlamentarios.

Intentar que materias no justiciables sean definidas por la Justicia, presionando a magistrados a dictar medidas cautelares bajo amenaza de ser acusados de jueces dependientes, es también inadmisible.

El vicepresidente del Banco Central se hará cargo de la presidencia hasta que el nuevo titular sea nombrado. Se reparará así el daño causado por un oportunismo político -reprochable porque prioriza intereses personales por sobre los de la Patria-, y la plena institucionalidad volverá a darnos fortaleza para que nuestro crecimiento económico prospere.

La autora es diputada del Frente para la Victoria.

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