El fiscal general Alejandro Cantaro adelantó esta mañana en Radio Altos que ayer la Justicia solicitó a la AFIP Regional Bahía Blanca toda la documentación relacionada con las empresas bahienses vinculadas con las presuntas usinas de facturas apócrifas.

Según indicó, la fiscalía federal quiere conocer todo el material, documentaciones, investigaciones o actuaciones que la administración nacional tiene sobre las firmas Calvento SA, Grupo Penta y Terrafaris, de la familia Ficcadenti; Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra; e 

Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza.

La medida fue decidida ayer y la solicitud cuenta con la firma del fiscal Antonio Castaño.

“Le pedimos información a la AFIP de los grupos mencionados en la nota del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, tanto como compradores como vendedores”, enfatizó.

Se trata de los grupos que habrían facturado para Austral Construcciones propiedad de Lázaro Báez por decenas de millones de pesos.

Cantaro aclaró que no se trata de una judicialización del tema sino de una investigación preliminar, tras las repercusiones y los datos aportados por el periodista del medio capitalino.

Vale recordar que el titular de la AFIP durante la conferencia de prensa que brindó anteayer en la que despegó a la presidenta del empresario Báez, se refirió solamente a la firma Calvento y no hizo mención a los otros dos grupos empresarios de nuestra ciudad.

Desde la oposición, por su parte, los diputados del PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso hicieron una presentación en la que reclaman que Echegaray vaya al Congreso a dar explicaciones sobre las denuncias de emisión de facturas truchas por montos millonarios.

El diario La Nación afirma hoy en su crónica que los mencionados legisladores entienden que el titular de la AFIP realizó “movimientos en torno a la Regional de Bahía Blanca que generaron el entorpecimiento o la paralización de las investigaciones que sus dependientes llevaban a cabo contra el empresario Lázaro Báez, logrando de esta manera proteger al mismo de los delitos que estuviera cometiendo".

A mediados de 2012, recordemos, la delegación local de la AFIP cambió de categoría por decisión del propio Echegaray.

“No hay conexiones entre Suris y Lázaro Báez”

Por otra parte, el fiscal federal afirmó que no existe una relación comercial directa entre el presunto narco y el empresario K, “como se lo intenta demostrar en la nota periodística del diario La Nación”.

“Hay una sola conexión entre la usina de facturas truchas a una empresa, que es la misma que después le vendió a Báez. Las facturas no son endosables. Es decir, Suris le vendió a ‘A’ y luego ‘A’ le vendió a ‘B’. Esto no conecta directamente a Suris con Austral”, sentenció.