La Faca analizó avances del Poder Legislativo sobre facultades de otros poderes

La abogacía del país estudió el proyecto de ley de inamovilidad para el director de Rentas y la elaboración del Digesto Jurídico. Advirtieron inconstitucionalidad de ambas iniciativas.
La abogacía del país, reunida en Posadas el pasado viernes y representada por la Federación Argentina del Colegios de Abogados (FACA), analizó la Ley de elaboración del Digesto Jurídico y el proyecto de Ley por el cual se pretende la inamovilidad del director de Rentas de la provincia.

Según resumió el representante de Misiones en la mesa directiva de FACA, Isaac Lenguaza, en ambas iniciativas "existe concreto peligro de avanzar sobre facultades propias del Ejecutivo al limitar la prerrogativa del gobernador para nombrar y remover a sus colaboradores técnicos, y claramente en contra de la Constitución Provincial";

En cuanto a la elaboración del "Digesto Jurídico" de Misiones, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones y anfitrió de los 78 Colegios del país, Rodrigo Bacigalupi, "se trata de una superley que representa en si misma una herramienta positiva porque pretende unificar y depurar la legislación misionera, pero que requiere un extremo control en su elaboración, puesto que pretende incluir también resoluciones, decretos vigentes, disposiciones, que son normas emitidas por el Poder Ejecutivo" y señaló que para la FACA en su conjunto, "incorporar esta normativa plantea la invasión de competencias propias del Poder Ejecutivo, que es el único órgano legitimado para hacerlo, o sea derogar o modificar esta normativa".

De avanzar en este sentido, tal como viene sucediendo, "se generará una multiplicidad de conflictos con planteos de inconstitucionalidad casi infinitos, tanto por omisión de incorporación de un decreto o resolución o disposición en el Digesto, como por su incorporación, ya que la asunción de facultades reglamentarias vulnera el principio de división de poderes y transforma al acto o norma en inválido por ser contrario al art. 1º de la Constitución Nacional", concluyó el análisis de FACA.

Expresamente, la Federación que nuclea a 78 colegios profesionales de abogacía de todo el país, apoyó "todas las gestiones encaradas por el Colegio de Abogados de Misiones" para posibilitar el reencarrilamiento de ambas iniciativas y el eventual freno a los ataques a la calidad institucional y al sistema republicano.

La Junta de Gobierno de Faca y la reunión de mesa directiva se realizaron el jueves y viernes pasado en Posadas. Ambas instancias estuvieron encabezadas por el doctor Carlos Andreucci, presidente de FACA, quien no dudó en resaltar "el fuerte compromiso del pueblo misionero para con la democracia y la forma republicana de Gobierno, tal como quedó demostrado en 2006 cuando fueron ejemplo en el país defendiendo la Constitución provincial".

Resumen del análisis jurídico del proyecto de reforma del Código Fiscal:

"El artículo 116 inc. 11 de la Constitución Provincial, dispone que es atribución exclusiva del Gobernador el nombrar y remover la los ministros, secretarios y demás funcionarios y empleados de la administración, cuyos nombramientos no estén acordados a otro poder.

"Esta norma es clara y significa que mientras la propia Constitución no hubiera atribuido competencias al Poder Legislativo o Judicial, la facultad de nombrar y remover funcionarios que integran el Poder Ejecutivo es propia, especial y exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial".

Y agregaron que "esto se verifica ni bien se lee el artículo 116 inc. 10 de la Carta Magna Provincial, que enumera taxativamente cuáles son los funcionarios que deben ser nombrados por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Representantes, a saber: miembros del Superior Tribunal de Justicia, fiscales, defensores de menores, jueces de primera instancia, Fiscal de Estado, contador, sub contador, tesorero y sub tesorero, miembros del Tribunal de Cuentas, Director General de Educación y Vocales del Consejo General de Educación"

"Por su parte el art. 101 inc. 25 señala como atribución propia de la Cámara de Representantes: Prestar o no acuerdo para el nombramiento de magistrados y funcionarios".

La armónica lectura de la Constitución Provincial, lleva a concluir que el principio general es que para la designación de funcionarios del Poder Ejecutivo, no se requiere acuerdo de otro poder del Estado, y por ello para su remoción tampoco es necesario acudir al procedimiento de jurado de enjuiciamientos, con excepción de los casos que taxativamente prevé el inc 10 del art. 116 arriba citado.

Hecha esta primera aclaración cabe señalar que de aprobarse el proyecto de ley en su artículo 1º que dice "El Director General sólo podrá ser removido a través del procedimiento establecido en artículo 158 de la Constitución Provincial. Las nuevas designaciones deberán realizarse a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes" se estaría imponiendo a un poder del Estado un requisito que la Constitución no admite ni preve, es mas, que expresamente excluye, y por ende se estarían desbordando las competencias de uno de los poderes del Estado en desmedro del otro. El riesgo de violentar la Constitución provincial está evidenciado en el hecho de que es la propia Constitución la que asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo y por ello una ley, de rango inferior a la Constitución Provincial no puede modificarla ni alterarla, so pena de flagrante inconstitucionalidad conforme el principio de legalidad y orden jerárquico de normas que fijan los arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional.-

Sin perjuicio de lo oportunidad o conveniencia del sistema ideado en el proyecto, solo una reforma de la Constitución provincial puede modificar el actual régimen constitucional de nombramientos y remoción de cargos del Poder Ejecutivo: no entenderlo así es confundir poder constituido, con poder constituyente, y de esa manera minar todo el sistema constitucional que ordena y balancea a los distintos órganos que integran el triángulo de poder que rige en nuestra sociedad y que se encuentra garantizado por el principio republicano de gobierno previsto por el art. 1 de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. En palabras de la Secretaria de la Corte Suprema Dra. Susana Cayuso, "para los poderes constituidos, la regla es la incapacidad. Por aplicación de tal principio -emanado del art. 19 de la Constitución Nacional- los órganos del poder están facultados para hacer aquello que expresamente se les atribuye en las normas constitucionales y/o aquello que surge implícitamente de facultades expresas. La extralimitación en el ejercicio de las funciones, el abandono de los controles institucionales, el desplazamiento de competencias, la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública debilita la República" Constitución de la Nación Argentina Comentada por Susana Cayuso, Editorial La Ley pag. 219.

Análisis Jurídico de la elaboración del Digesto de la provincia de Misiones:

La ley 4465 sancionada el 23 de Octubre de 2008, conocida como Ley del Digesto Jurídico de Misiones, ha generado gran expectativa en virtud de las consecuencias que puede traer para toda la ciudadanía. Desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones hemos expresado que si bien la idea de realizar una recopilación y reordenamiento de normas es positiva y debe ser llevada a cabo, dicha tarea debe ser efectuada respetando los principios y directrices de nuestra Constitución Nacional y Provincial. En ese sentido hemos realizado un aporte en la segunda reunión celebrada en el marco del Tercer Informe presentado por la Comisión Especial Redactora donde señalamos la inconveniencia de incorporar reglamentos, resoluciones y disposiciones de carácter general que fueran dictadas por el Poder Ejecutivo al Digesto, ya que ello generaría un conflicto de competencias con dicho Poder del Estado, al transformar en ley normas de rango inferior y que además son competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. En este sentido el art. 3 de la Ley 4465 prevé que el Digesto Jurídico deberá contener: leyes generales y su reglamentación, resoluciones y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo.

En consonancia con dicha norma, el art. 12 de la Ley del Digesto dispone que, se consideran derogadas las normas y reglamentaciones que no se hubieran incorporado al Digesto como legislación general.

Este artículo significa que aquello que no ingrese al Digesto, sean leyes en sentido estricto o reglamentaciones dictadas por el Poder Ejecutivo, quedarán derogadas, de esta manera se advierte que como efecto de no incorporar un decreto reglamentario al Digesto, importará su derogación, lo cual lleva a concluir la invasión de competencias propias del Poder Ejecutivo, que es el único órgano legitimado para hacerlo, o sea derogar o modificar un decreto reglamentario.

Al contrario la incorporación de un decreto reglamentario o de Resoluciones Ministeriales al Digesto, que es una ley en sentido material importará la imposibilidad jurídica de que sea modificada por un decreto o reglamento, ya que el Poder Ejecutivo no puede por prohibición constitucional modificar o alterar una ley dictada por la Cámara como lo será el cuerpo integro del Digesto. En definitiva, de sancionarse el Digesto de la manera en que lo indica la ley 4465 se generará una multiplicidad de conflictos con planteos de inconstitucionalidad casi infinitos, tanto por omisión de incorporación de un decreto o resolución o disposición en el digesto, como por su incorporación, ya que la asunción de facultades reglamentarias vulnera el principio de división de poderes y transforma al acto o norma en inválido por ser contrario al art. 1º de la Constitución Nacional.-

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