Fabiana Ríos, entre muestras de respaldo y denuncias judiciales

Diputados nacionales de distintos bloques políticos se sumaron al respaldo dado por organizaciones no gubernamentales a la decisión de la gobernadora Ríos de ordenar la realización en Ushuaia del primer matrimonio entre personas del mismo sexo. Como contrapartida, la decisión de la mandataria provincial ya fue objeto de presentaciones judiciales. Un abogado de Buenos Aires formalizó una ante la Cámara Nacional en lo Civil para que se declare nulo el matrimonio y se investigue la conducta de la Gobernadora.
A ésta se sumó un requerimiento de instrucción presentado por la fiscal Karina Echazú ante el juzgado en turno, y en las próximas horas se agregará otra impulsada por el abogado riograndense Alejandro de la Riva.

La decisión política de la gobernadora Fabiana Ríos de ordenar por decreto al Registro Civil de Ushuaia celebrar el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en el país sigue generando repercusiones de respaldo y de censura a la conducta adoptada por la mandataria provincial.

La ceremonia realizada en la capital provincial el pasado 28 de diciembre ha generado las más diversas expresiones de apoyo, surgidas tanto desde organizaciones no gubernamentales como desde referentes políticos nacionales, que han considerado que con su decisión se ha concretado un importante avance en defensa de la igualdad e derechos y de respeto a los Tratados de Derechos Humanos que tienen rango constitucional para nuestro país. En tanto, un abogado de la ciudad de Buenos Aires formalizó una presentación ante la Cámara Nacional en lo Civil para que se declare nulo el matrimonio y se investigue la conducta de la Gobernadora. A ésta se sumó un requerimiento de instrucción presentado por la fiscal Karina Echazú ante el juzgado en turno, y en las próximas horas se agregará otra que se impulsada por el abogado riograndense Alejandro de la Riva.

Desde el Gobierno fueguino se destacaron las muestras de apoyo recibidas por Ríos de parte de la presidenta del Bloque Socialista de la Cámara Baja, Mónica Fein; las diputadas nacionales Victoria Donda; Cecilia Merchan y los dirigentes Humberto Tumini, Jorge Ceballos , Isaac Rudnik y Roberto Baigorria, del Movimiento Libres del Sur; Carlos Raimundi, en representación del partido Solidaridad e Igualdad; los diputados del Bloque Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra, Carlos Heller y Jorge Rivas; los legisladores provinciales Paula Sánchez de Neuquén; Carlos Martínez del Chaco, Carlos Morello de Salta y Laura Berardo de Buenos Aires. También se difundió la opinión favorable a la medida de parte del presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, quien hizo pública su posición en una nota publicada en el matutino Página 12.

Todas estas manifestaciones de apoyo coinciden en interpretar la determinación aportada por Ríos como un paso adelante en la defensa de los derechos civiles de la ciudadanía y en el cumplimiento de los Tratados y Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, que en la Argentina tienen jerarquía constitucional.

Pero obviamente, el decreto 2996 del Gobierno fueguino, que posibilitó la concreción de este casamiento al amparo del código civil, también dio lugar a cuestionamientos judiciales.

El abogado de la ciudad de Buenos Aires Pedro Andereggen formalizó el miércoles pasado una presentación ante la Justicia Civil nacional para que declare nulo el casamiento entre Alejandro Freyre y José María Di Bello. Además, el abogado pidió que tanto el matrimonio gay como la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, sean investigados penalmente por presunta desobediencia a un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que había ordenado la suspensión del matrimonio.

El jueves pasado, la Fiscal en turno del distrito judicial sur de la provincia, Karina Echazú, presentó ante el juzgado en turno, a cargo del doctor Javier de Gamas Soler, un requerimiento de instrucción, a fin de que se investigue si con el dictado del decreto 2996 la Gobernadora incurrió en un exceso de autoridad y violó los deberes de funcionario público.

A estas dos presentaciones se agregará hoy otra que es impulsada por el abogado riograndense Alejandro de la Riva, en la que solicita si investigue a Fabiana Ríos por el presunto delito de violación de deberes de funcionario público y de otros que pudieran surgir de la investigación del hecho.

Para De La Riva resulta evidente que la Gobernadora asumió una facultad jurisdiccional que no tiene por cuanto el fallo de la jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos, Gabriela Seijas, que declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil, no solamente no está firme sino que estaba dirigido al Registro Civil de aquella jurisdicción; y por lo tanto ni el Registro Civil de Tierra del Fuego ni la gobernadora Ríos estaban conminados a cumplir con ese mandato judicial. El letrado entiende que para poder concretarse este casamiento en la provincia, Freyre y Di Bello deberían haber interpuesto una acción ante la Justicia fueguina al obtener respuesta negativa del Registro Civil de Ushuaia a casarlos, pero que en lugar de ello, y "con la complicidad" de Ríos y otros funcionarios provinciales, articularon "un remedio administrativo improcedente para torcer un pronunciamiento judicial de otra jurisdicción".

En su presentación, De La Riva solicita que, entre otros, se cite a prestar declaración testimonial al Jefe de la Policía Provincial, para que informe cómo se llevó a cabo el cambio de domicilio del o de los contrayentes, y que requiera a la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno los dictámenes y antecedentes que dieron sustento jurídico al dictado del decreto 2996/09.

La historia del primer casamiento gay

Alejandro Freyre y José María Di Bello habían iniciado los trámites para contraer matrimonio el 22 de abril pasado, cuando fueron al registro civil porteño, de la calle Uriburu, a pedir fecha. Allí les negaron la solicitud porque ambos son hombres.

En mayo presentaron un amparo contra la ciudad de Buenos Aires y la jueza en lo contencioso administrativo de capital Gabriela Seijas declaró, en noviembre, la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil (el 172 y el 188) y ordenó a dicho registro que les permita contraer matrimonio.

Esta decisión dio lugar a una serie de presentaciones ante el fuero civil de la Justicia Nacional, la que resolvió suspender la realización de la ceremonia prevista para el 1 de diciembre.

El pasado lunes 21 de diciembre Alex Freyre y José María Di Bello arribaron a Ushuaia para, supuestamente, realizar un trabajo durante una semana para el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. A pedido del organismo nacional, el Gobierno fueguino les brindó alojamiento en el Hotel Canal Beagle. Por ese entonces, la primera versión que comenzó a circular indicaba que los jóvenes se habían trasladado a Tierra del Fuego con el propósito de radicarse legalmente en nuestra provincia para poder casarse. Esa posibilidad no fue confirmada por el Gobierno, quien dijo desconocer la existencia de esa motivación por parte de Freyre y Di Bello, indicando que hasta lo que ellos sabían la visita estaba ligada a un trabajo con el INADI.

A pesar de ello, Freyre y Di Bello –o por lo menos uno de ellos– radicaron cambio de domicilio a Ushuaia, solicitaron turno ante el Registro Civil para casarse, lo que les fue negado; presentaron un reclamo administrativo ante la Gobernadora y ésta el 23 de diciembre ordenó el enlace, que se concretó el lunes 28, primer día hábil administrativo posterior a la Navidad.

De las declaraciones realizadas, tras el casamiento, por los contrayentes como por la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid, resulta evidente que el viaje a Ushuaia tenía por única finalidad concretar este matrimonio. "Sabíamos que el Gobierno de Tierra del Fuego, con el antecedente de la sentencia firme de la jueza Seijas, iba a hacer honor a la Constitución nacional y los derechos humanos de Alex y José María. Decidimos venir hasta acá para intentar nuevamente que la autoridad local respete el derecho humano de igualdad ante la ley que debe ser garantizado a cualquier persona", había sostenido Rachid al término de la ceremonia.

"El Jefe de Gobierno (por Macri) no respeta la ley, no respeta la autonomía de la ciudad. Por eso, fuimos a otra provincia", habían indicado desde Ushuaia los integrantes de la pareja, quienes además reconocieron que habían evitado hacer pública su intención "para evitar artilugios legales que nos impidieran casarnos".

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