Extraños en el barrio

Los frecuentes problemas que enfrentan los agentes en los vecindarios tienen que ver con el concepto de la seguridad, que no es sólo asunto policial. Inclusión y estrategias. Por Roberto Delgado -Prosecretario de Redacción
Los vecinos tienen a maltraer a los policías. Cuando no les reclaman porque no están en los barrios, observan impávidos lo que pasa, sin intervenir ni aportar ayuda para solucionar o morigerar el inconveniente. Y hasta llegan a pasar cosas insólitas, como la del martes en barrio Oeste II, cuando unas 50 personas impidieron la detención de dos presuntos vendedores de droga y les dieron una paliza a los agentes. Ellos, según la misma información, habían ido de incógnito al barrio a buscar a los dealers, denunciados por los mismos vecinos. O sea: en la zona les piden ayuda y luego los apalean. De coherencia, nada.

Se dirá que fue un hecho aislado. Pero esta semana hubo otros dos “hechos aislados” de la misma índole. Uno sucedió el jueves en el barrio Antena, de Alderetes, donde dos agentes de la Patrulla Motorizada fueron golpeados por 30 vecinos cuando trataban de detener a dos traficantes. Los policías salieron magullados, aunque detuvieron a uno y secuestraron una bolsita con marihuana. El otro “hecho aislado” ocurrió el miércoles en el barrio Costanera, cuando “un grupo de cómplices de los delincuentes” (como los describió la Policía) impidió que personal de la Patrulla Motorizada detuviera al hombre que había amenazado al hijo de una Madre de la Esperanza. “Esto es cosa de todos los días”, dijo el comisario Luis Mansilla, jefe de la Patrulla Motorizada, que depende de la Urbana. Y agregó: “es una zona complicada porque muchas veces dificultan los procedimientos”.

Reacciones imprevistas

En los tres casos se advierte la distinción clara de los agentes como parte de un cuerpo que reacciona frente a hechos violentos (una de sus tareas básicas) y que encuentra dificultades para actuar en los sectores de conflicto, porque no se ha previsto la reacción de “los cómplices de los delincuentes” o bien porque algunos vecinos no simpatizan con la fuerza. Como ocurría antes en “La Bombilla”, donde los ataques a pedradas a policías y los gigantescos operativos en busca de delincuentes eran frecuentes. Ahora eso parece haberse trasladado a otros sectores conflictivos.

Estos escollos para el accionar policial implican una complicación seria, si se tiene en cuenta que la mayoría de los operativos policiales llevados a cabo en las últimas semanas en esos vecindarios se vincularon con drogas (en el Costanera fueron 22 procedimientos en 21 días) y estuvieron a cargo de la Patrulla Motorizada o la Digedrop. No participaron las comisarías correspondientes a cada sector, que se encuentran disminuidas en su personal, como ocurre en el destacamento que cubre el barrio Soldado Tucumano, de la Costanera, según la denuncia de un dirigente del centro vecinal.

Comisarías que, en teoría, deberían saber lo que pasa en sus jurisdicciones, como para tener una idea de cómo actuar frente a determinadas circunstancias. Nadie ignora que en el barrio Oeste II hay una manzana sindicada como la heredera de los marginales del Fuerte Apache de Buenos Aires, en la que los operativos deben planificarse para evitar que se generen situaciones como las mencionadas. Pero ni siquiera con una buena planificación se puede pensar que esa manzana está integrada solamente por delincuentes. Se necesita una estrategia para entrar y para actuar, como se hizo en los últimos años en “La Bombilla” que, curiosamente, ha cedido protagonismo en las informaciones policiales, como si hubiera salido de la deshonrosa “zona roja”.

Esfuerzos desenfocados

Ahora bien, a los problemas que enfrentan los policías de la Digedrop y de la patrulla Motorizada se suman otros de los de las otras áreas: la necesidad de resolver problemas vecinales. Tras el alarmante incidente por una pelea de perros, que terminó en una tragedia, el subjefe de Policía, comisario Nicolás Barrera, dijo que los conflictos entre vecinos, los robos y los arrebatos ocupan el 80 % de los recursos de la fuerza. Son esfuerzos “que bien podrían estar enfocados a otra parte”, agregó el jefe de la Zona II de la Regional Capital, comisario Angel Lesdesma, que enfatizó que, por lo general, “ninguno de los vecinos que presenciaron el conflicto quiere colaborar en la investigación”.

O sea, tanto en esta tarea vecinal como en la de represión del delito, el policía está solo. Se entiende que el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, haya dicho en noviembre que la fuerza está en déficit en comunicación con el vecindario. “No es fácil. Hay que cambiar una mentalidad histórica, que imponía distancia entre los agentes y los vecinos... es fundamental el cambio de mentalidad del agente, que debe dialogar y hallarles solución a todos”, dijo, aunque su propio jefe de Policía, Hugo Sánchez, no estuvo de acuerdo: consideró, en esos días, que sí hay diálogo con los vecinos.

Tucumán no es el único lugar donde la Policía tiene problemas de comunicación y es a la vez exigida por el vecindario y reprendida y hasta golpeada. Pasaba en Nueva York hace dos décadas, donde se aplicó la durísima teoría de la Tolerancia Cero, que combinó un programa de tipo reactivo (actuar frente a todo lo que se considera delito) con otro preventivo (evitar las infracciones y los conflictos menores) y con un sistema estadístico informático llamado Compstat para elaborar un gigantesco mapa del delito y saber qué acción policial corresponde en cada caso. Nueva York descentralizó su corrupta y burocratizada Policía y dio más autonomía y margen de acción a las comisarías.

Persecución constante

La Policía en nuestro medio se volcó en los últimos años al sistema reactivo, es decir, salir a perseguir a los delincuentes luego de que se han producido los delitos. Se transformó a la Patrulla Urbana -que patrullaba los barrios y tuvo cierto éxito en lugares como la Bombilla, combinada con programas de inclusión social- en una dependencia con menos impacto y en la que la estrella ahora es la Patrulla Motorizada.

De vez en cuando, se aplican -por presiones políticas- operativos antidelito en los que invierte muchos hombres, como ocurrió en el último mes y medio en la lucha contra las drogas, al cabo de meses y meses de denuncias vecinales que habían caído en saco roto. De la presión política surgió el megaoperativo de ayer en Villa 9 de Julio, a donde se habían trasladado los “transas” echados de la Costanera.

Pero el sistema preventivo no está funcionando porque falla el concepto de prevención. Si no hay comunicación con el vecino ni mapas de infracciones, no se puede hacer mucho más que reaccionar y para eso se invierte más en motos y armas que en diálogo. De ahí viene también la explicación frente a las peleas vecinales dada por la fiscala Adriana Reinoso Cuello: “desde este ámbito (el penal) es muy difícil (la prevención), porque se interviene una vez que el hecho ha sido consumado. Además, no se puede detener a alguien por un insulto... hay que buscar instituciones adecuadas que trabajen en los barrios”, dice, y aventura que quizá se podría asignar un psicólogo a cada comisaría para atender a los vecinos en pugna. Hipótesis que -seria o alocada- muestra que la seguridad no es un problema policial, sino que tiene que ver con otras variantes y -en barrios muy marginados- con la inclusión social. En los casos en los que se percibe una notoria falta de cohesión ciudadana, la respuesta policial bien podría quedar relegada tras un modelo de construcción de ciudadanía. En el diario “La Nación” del 4 de enero, se relata la receta del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, para hacer que la gente considerase la ciudad como propia: puso mimos para poner en ridículo a quienes infringían las normas de tránsito y estableció la “hora zanahoria”, una especie de ley de las 4 de la mañana, de cierre de boliches, para combatir los excesos del alcohol. La diferencia con Tucumán: es una ley flexible, con autorregulación según los barrios.

Los expertos en Tucumán hablan también de este tipo de abordajes multidisciplinarios. “hay que trabajar con la gente del barrio -dice Fernando Parolo, especialista en adicciones-, contratar operadores comunitarios, idear grupos de autoayuda, de gestión de trabajo... falta una fuerte inversión comunitaria preventiva”. El Gobierno, que lanzó una batería de medidas en el Costanera después de que se hizo público el drama del “paco”- afirma que sí hace esta inversión, aunque reconoce -como dijo la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, que “se está trabajando discoordinadamente (sic)”.

En busca de colaboración

Acaso si se coordinara más esa tarea -que la ministra asevera que se hace y que Parolo dice que falta- muchos menos problemas tendría la Policía atendiendo peleas vecinales. Quizá también reduciría las corridas en busca de delincuentes si ese pusiera más énfasis en el concepto preventivo que tuvo entre 2003 y 2006 en lugares como “La Bombilla”, y que mantiene en zonas como Villa Luján. Aunque de los 1.200 agentes de aquella Patrulla Urbana se pasó a 600 para reforzar cada vez más la Motorizada, a la que el mismo jefe Sánchez llama “preventiva” cuando es netamente reactiva. Con las actuales recetas, la gente denuncia y se queja pero no colabora con la fuerza de seguridad. Con honrosas excepciones, los policías siguen siendo extraños en el barrio.

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