Extrañando a Menem

El conflicto nace con la cesión de los terrenos a la Sociedad Rural en 1992, por 30 millones de dólares. Pero su valor real habría sido más del triple. El ingreso de De Narváez al negocio.
El valor del predio de la Sociedad Rural de Palermo, que el Estado cedió a principios de los ’90 a la entidad que hoy preside Hugo Biolcati, resulta un tema casi tan controvertido como la abortada Resolución 125 u otras cuestiones que originan el conflicto del campo. Carlos Menem y Domingo Cavallo fueron convocados a principios del verano a los tribunales por haber cedido esos terrenos a 30 millones de dólares, presuntamente muy por debajo de su valor real. Ese, sin embargo, es sólo uno de los episodios polémicos de esa privatización bajo la lupa judicial.

La escritura fue firmada en mayo de 1992 y sellaba un pacto con la entidad patronal que, por entonces, estaba bajo el mando de Eduardo De Zavalía, a un precio base que habían fijado el Banco Ciudad y el Hipotecario junto a un núcleo de inmobiliarias convocadas para tal fin. Se trató de uno de los ensayos de tercerización de las cotizaciones instrumentado en ese momento y que, para esta operación en particular, marginó expresamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Este organismo público postulaba como mecánica para fijar el precio el Factor de Ocupación de la Tierra (FOT), que hubiese tomado en cuenta las posibilidades inmobiliarias de las 12 hectáreas a ceder. En este caso, considerando las posibilidades comerciales del entorno. Es decir, en función de lo que vale un terreno con esa localización, sobre las avenidas Sarmiento y Santa Fe, base para levantar edificios con espaciosas superficies cubiertas.

Pero primó el criterio del FOT 0, quizás en atención a que los compradores estaban sujetos a una serie de obligaciones de inversión y restricciones para la explotación de su negocio, que aún no pudo incluir un shopping ni un centro de entretenimientos multitudinario como pidieron los ruralistas, primero, y los nuevos operadores desde hace cuatro años. “Ninguna referencia de valores de mercado en la zona resultaba aplicable al caso, ya que el predio de Palermo no podía ser subdividido ni empleado para usos residenciales o comerciales”, defiende un reciente editorial del diario La Nación, haciendo propio el criterio de la Sociedad Rural y del gobierno menemista.

Previsiblemente, la cotización para privatizar el apetecible lote hubiera sido muy superior a la convalidada por el acuerdo entre los ruralistas y el menemismo, aunque quizá sin llegar a los 130 millones de dólares que acaban de estimar los peritos judiciales en la causa a cargo de Sergio Torres, donde se discute si Palermo se cedió o no a precio vil. A este pecado de origen de la privatización del predio se sumó otro, luego de la crisis de 2001.

La Sociedad Rural se comprometió a honrar parte de aquel precio en cuotas. Pero con la debacle económica post-convertibilidad, suspendió los pagos, lo que habilitó a la rediscusión por el valor remanente. La entidad empresaria pretendió cerrar en 14 millones de pesos un pago que, según la estimación del Tribunal de Tasación, debía llegar a los 58 millones. Pero los técnicos oficiales quedaron nuevamente marginados de la operación, que se concretó sobre la propuesta patronal, a través de un convenio que nadie se ocupó en hacer público.

Coincidió con la aparición en escena del empresario y actual diputado por el PJ disidente Francisco de Narváez, quien obtuvo la cesión para operar por veinte años el espacio ferial a cambio del pago de un canon mensual de 60 mil dólares y la asunción de algunas deudas de la SRA, como la del repago de un préstamo del Banco Provincia de Buenos Aires y la que se arrastraba por la propia compra. Según los términos de este acuerdo, ésta apenas llegaba a 4 millones de dólares (algo menos de 12 millones de pesos en aquel momento).

Esto habría dado lugar a la apertura de otra investigación judicial orientada hacia responsables más recientes de las ventas de activos públicos. El Organo Nacional Administrador de Bienes del Estado, en primer lugar; la Secretaría de Obras Públicas, en segundo. El ministro Julio De Vido, en última instancia.

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