Como parte del proceso para entregar la el Puerto de Buenos Aires a un solo grupo operador, el Gobierno decidió prorrogar la concesión de las terminales 1,2, 3 y 4 por otros dos años.

Las tres primeras zonas están actualmente a cargo de la UTE Terminales Río de la Plata (TRP), mientras que la cuarta es propiedad de 

APM Terminals Management.

Ahora ambos conglomerados deberán entregar los predios en el 2020, según se desprende de la Resolución 1064/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación publicada en el Boletín Oficial de esta jornada.

En el caso de TRP es mayoritariamente controlada por el grupo asiático Dubai Ports y tiene como socio a una empresa del holding local propiedad de Alfredo Román. En tanto que la sociedad controlante de la Terminal 4 está a cargo del grupo naviero Maersk.

De hecho, hace un mes, TRP y Maersk se enfrentaron por problemas vinculados a las operatorias con los contenedores, conflicto que casi termina paralizando todas las actividades de la terminal porteña y que concluyó con un acuerdo entre ambos grupos.

Ahora, las actividades de estas empresas en la zona portuaria de la Capital Federal no podrán extenderse más allá del 15 de mayo del 2020. En esa fecha se supone deberá abandonar la concesión que, como las otras dos terminales, pasarán a ser controladas por un solo grupo a diferencia de lo que lo que ocurre ahora que se encuentran concesionadas a sociedades con diferentes accionistas.

“El Ministerio de Transporte resuelve prorrogar la vigencia de los Contratos de Concesión de las Terminales Nros. 1, 2, 3 y 4 de Puerto Nuevo– Buenos Aires, suscriptos en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de las Terminales de Puerto Nuevo – Buenos Aires N° 6/93, hasta el 15 de mayo de 2020”, dice la resolución que también lleva la firma de las autoridades de la Administración General de Puertos (AGN).

De acuerdo al escrito, los contratos de concesión que ahora se extienden y también el de la Terminal 5, habían sido firmados el 1° de septiembre de 1994, 6 de junio de 1994, 27 de octubre de 1994 y 6 de junio de 1994.

En el caso de las terminales 1, 2 y 3 registraban un plazo de duración de 25 años, mientras que los de las terminales 4 y 5 tenían vencimiento a los 24 años y 18 años, respectivamente.

En cuanto a la Terminal 5, que es controlada por la empresa Buenos Aires Container del grupo Huchson Ports, además se prorrogó el contrato en el 2012 hasta el 30 de septiembre del 2015. En ese momento, el anterior gobierno kirchnerista convocó a una licitación para ceder la zona por un plazo de cuatro años pero mientras tanto se le extendió a la empresa operadora un nuevo período que venció el 15 de mayo del 2016.

Luego, la AGN ratificó el convenio con Buenos Aires Container que ahora vence en noviembre del año próximo. De hecho, el resto de las concesiones de las terminales del Puerto de Buenos Aires también tienen la misma fecha de expiración, salvo el de la Terminal 5 que llega hasta el 15 de mayo de 2020.

Pero ahora y debido a la resolución de Transporte publicad en esta jornada, todas las zonas se unifican bajo el mismo plazo de concesión similar al de la Terminal 5.

El propósito del Gobierno con esta unificación de los actuales contratos de concesión es el de brindar continuidad al servicio de las terminales portuarias hasta tanto se adjudique el mismo a un nuevo operador que debería comenzar a operar a mediados del 2020.

A partir de esa fecha habrá una sola terminal en el marco de la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Conservación y Explotación de la Terminal Portuaria de Puerto Nuevo– Buenos Aires”, tal como se detalla en la resolución del ministerio que comanda Guillermo Dietrich.

La medida, según los funcionarios oficiales, se orienta a modernizar la jurisdicción portuaria nacional en materia de infraestructura, “con el objeto de atender las nuevas exigencias que se plantean cotidianamente en el comercio internacional en relación con la carga y los navíos y, de esta manera, no perder competitividad frente al resto de los puertos de la región, facilitando así la materialización de la inversión en infraestructura, su mantenimiento y la administración portuaria”.

l Gobierno justifica el cambio en las condiciones contractuales en la necesidad de “defender el bien común”, por lo cual también le otorga al Ministerio de Transporte y a la AGP las potestades para dictar las medidas necesarias que permitan acelerar los trámites atinentes al procedimiento selectivo de ofertas.