Extender la promoción industrial llevará tiempo

La negociación entre La Rioja y la Nación para prorrogar el régimen será compleja. Apuntará a revisar caso por caso en cada una de las 40 fábricas radicadas. Y a merituar el monto fiscal a diferir según el nivel de producción y la mano de obra que ocupen. Pero hay voluntad política para que las fábricas no queden sin protección.
Tanto en el gobierno nacional como en el provincial, los funcionarios abocados al tema están convencidos que el régimen de promoción industrial será extendido. Pero aún no se animan a precisar de que modo y como impactará, finalmente, en la protección de las fuentes de trabajo.

En cambio, en los empresarios y los sindicatos la duda es mucho mayor. Es que, hasta ahora, la presidente Cristina Kirchner dio señales relativas pero no confirmó, concretamente, como será prorrogado el sistema fiscal del cual dependen mas de 40 fábricas y unos 10 mil operarios con sus familias.

Uno de los que mayor optimismo transmite, en parte por necesidad política, es el gobernador Luis Beder Herrera, quien en la semana reconoció que se requiere "mucha plata para dar la promoción por extensión" y argumentó que "se debe ir evaluando caso por caso y asignando cupos fiscales uno por uno".

En ese sentido, anticipó que "se deben ir analizando los costos e insumos, niveles de producción y características de las distintas industrias". Y allí está la clave de lo que, finalmente, ocurrirá.

Los beneficios fiscales que tienen hoy las fábricas radicadas sufrirán retoques que, en la práctica, les significará perder algunas ventajas competitivas y las obligará, además, a garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo existentes y a dar por ‘amortizados’ los bienes muebles e inmuebles que poseen en el marco de su capacidad instalada, dijeron a Riojavirtual fuentes del gobierno local que trabajan en el plan de renovación paulatina del sistema.

‘La idea es hacer el menor bombo posible e ir renovando el sistema fábrica por fábrica, analizando caso por caso y despertando el menor interés posible en el resto de las provincias", confió la fuente consultada. Es que esa es una de las razones: la mayoría de los distritos reniegan de los costos fiscales de la promoción industrial en la región, aunque nada dicen de otros regímenes mucho mas costosos para el país.

Así las cosas, no parece que prime en la Nación la voluntad de ignorar el problema. Sobre todo porque a ningún gobierno le interesa afrontar un conflicto social de envergadura, como podría generarse si las empresas pierden los beneficios que las mantienen en suelo riojano desde hace casi 40 años. El problema es el tiempo. Y los tiempos políticos, generalmente, no son los mismos que los tiempos de los empresarios y los trabajadores.

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