Expulsarán de Punta del Este a los mendigos y personas con antecedentes

La medida, que también alcanzará a quienes no demuestren trabajo y domicilio fijo, se toma para prevenir delitos. Otros jueces critican la acción porque pena "la portación de cara"
La temporada veraniega 2010 de Punta del Este comenzó a pleno, pero no exenta de polémica. Con el objetivo de prevenir delitos y evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad en esas calmas y exclusivas playas uruguayas, una jueza penal del municipio de Maldonado (al que pertenece Punta del Este) ha decidido aplicar todo el peso de la ley y ya adelantó que se expulsará de esos balnearios a mendigos, a personas con antecedentes penales y a quienes no puedan justificar trabajo o domicilio fijo.

El debate a raíz de la decisión tomada por la jueza de 2º turno Adriana Graziuso no tardó en llegar. Los defensores de la acción, entre ellos la cámara que agrupa a los operadores turísticos de Punta del Este, aplauden que "por fin alguien se puso las polleras" en la lucha contra la inseguridad. En la otra punta, los detractores –en su mayoría otros jueces– critican la decisión porque consideran que castiga "la portación de cara" y viola el derecho de libre circulación de las personas. En el medio de la polémica, la jueza sostiene que no ha tomado ninguna decisión que no esté contemplada por la Ley de Procedimiento Policial (aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez tras un arduo debate) y que, en definitiva, esas medidas son las mismas que se aplican en todo el Uruguay.

"No entiendo la relevancia que se le da a esto de la prevención policial, que supongo lo hará la Policía de todo el país. Vivir en la playa, en una plaza, en una explanada, bajo las pasarelas que hay aquí en las playas, eso es un delito", se defendió ayer Graziuso en una entrevista con radio El Espectador.

La decisión de la jueza también levantó polémica porque actúo, además, basada en una norma sobre "Vagancia, Mendicidad y estados afines" que data de 1941 y hoy está prácticamente en desuso. En su momento, Graziuso había dicho que "el aspecto y el estado de salud serán determinantes a la hora de definir si la persona tiene capacidad para trabajar o no", lo que provocó críticas.

Un juez penal de Montevideo que en su momento ejerció en Maldonado y pidió mantener en reserva la identidad, dijo que el criterio de su colega pena el "porte de cara" porque se castiga de antemano a una persona por su aspecto o por lo que hizo anteriormente. En tanto dos abogados, el constitucionalista Martín Risso y el penalista Diego Camaño, coincidieron en criticar la ley de procedimiento policial y en defender el derecho de libre circulación. Risso dijo que esta ley tiene una "filosofía inconstitucional" que puede llevar a crear "ghettos".

En cambio, en el sector empresarial sobraban los elogios. "Acá se cumple con la ley. No puede ser que por 200 personas, a los 140.000 habitantes del departamento que viven del turismo se les vaya el negocio a la ruina", dijo el presidente de la Liga Comercial de Punta del Este, Héctor Araújo. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari. "El sector privado reclamó esto desde siempre. Ahora hay alguien que tiene las polleras bien puestas", afirmó.

La Policía intensificó controles en zonas balnearias para desalentar a los "oportunistas", dijo el Jefe de la Policía de Maldonado, Eduardo Martínez.

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