El Senado bonaerense sancionó la ley que expropia la casa del odontólogo para convertirla en sede de la ONG María Pueblo, que brinda alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
La vivienda que tiene dos plantas, ubicada en las calles 48 entre 10 y 11 de La Plata, está abandonada desde el 15 de noviembre de 1992, cuando Barreda mató a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.
Por este hecho fue condenado en 1995 a reclusión perpetua, pero a fines de marzo de 2011 obtuvo la libertad condicional y desde esa fecha vive en un departamento de la ciudad de Buenos Aires que comparte con su nueva pareja.
La norma establece que, una vez expropiada, la casa será "transferida a la Municipalidad de La Plata para desarrollar en el inmueble un Centro municipal de Prevención contra la Violencia de Género".
En los fundamentos del proyecto, Bruera consideró que “llega para hacer un aporte concreto a la prevención de la Violencia de Género en consonancia con todas las actividades y políticas desarrolladas hasta el momento, tanto por las instituciones intermedias y organizaciones civiles; como así también el Estado nacional, provincial y municipal".
El legislador sostuvo que la idea primaria “es transformar un lugar negativamente emblemático en donde fueron asesinadas cuatro mujeres en un contexto de extrema violencia intrafamiliar en una respuesta contra la violencia de género en todas sus formas".
Las estadísticas criminales en la provincia de Buenos Aires indican que “el 70 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar son realizadas por mujeres y que en el 70 por ciento de los casos, los agresores son hombres”, precisó.
“En la ciudad de La Plata tenemos hace más de 20 años una casa abandonada y que fue sede de uno de los crímenes más horrorosos de la historia del país, por eso queremos utilizarla para convertirla en un centro de la memoria y la asistencia contra la violencia de género”, reivindicó.
La ley establece también que la casa será utilizada para charlas y capacitaciones a policías, docentes, integrantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, universitarios, profesionales de la salud y, a la vez, construir un espacio para consultas y una biblioteca temática.
La ONG María Pueblo, una de las que se encargará de la casa expropiada, trabaja por la igualdad de derechos entre los géneros y alberga a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia.
Darío Witt, coordinador de la entidad, explicó que el objetivo es transformar esa casona “en un lugar que sea símbolo de vida, de amor, de debate, discusión, poner sobre el tapete estos temas”.
La expropiación de la casa, que no fue abierta en los últimos 20 años, se da también en el medio de un conflicto de intereses que se mantiene por la herencia de la vieja casona entre Barreda y los familiares de su ex esposa, causa que está radicada en la justicia civil y comercial de La Plata.
Es que aún se espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe definir si Barreda fue imputable al momento de cometer el cuádruple homicidio tal como lo estableció la Corte bonaerense, hipótesis que lo privaría de mantener bajo su propiedad los bienes.
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