Díaz Achával explicó la problemática de la cuenca Salí-Dulce y relató los alcances del acuerdo tripartito para saneamiento del recurso natural suscripto entre las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Estado Nacional, tras haberse planteado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario santiagueño sostuvo la importancia de una solución desde los poderes políticos, evitando sentencias judiciales y dilaciones.

Relató los orígenes de la lucha contra la contaminación ambiental, que comenzó cuando se creó la figura del Defensor del Pueblo (1997) y que “las primeras secuelas de una producción industrial no sustentable se tradujo en la mortandad masiva de peces en el 2010, en dos ocasiones, con el entierro de 120 toneladas de peces muertos”.

“En el 2011, sucedió otro hecho similar lamentable, por la presencia de vinaza en las aguas, que contamina en más de un 80 % las aguas del embalse, por la actividad alcoholera que paradójicamente, se potenció por la Ley de Biocombustibles ese año y que determinó que hoy Tucumán provea el 75 % de la producción nacional. Al margen hacen su aporte contaminante inorgánico las citrícolas, papeleras y las cloacas”.

Díaz Achával precisó que luego de iniciado el amparo ambiental, “se demostró que -en la actualidad-, con sequía en la cuenca, con la variable de la vinaza controlada (porque se produce todo el año alcohol), las aguas no se han alterado aún cuando las demás industrias siguen operando y contaminando. O sea que dio por tierra la tesis que una supernova mataba los peces”.

Reveló que en el 2012 se produjo un volumen de 170 millones de litros de alcohol, y 2.210 millones de litros de vinaza equivalente a una pileta de 100 metros de ancho por 22 km de largo. El problema es de una envergadura importante, por su disposición final”.

Subrayó que “al recrudecer la acción industrial no sustentable, tras más de 10 años de reclamos, se inició un amparo ambiental ante la Corte Suprema de la Nación, interviniendo el Estado nacional que convocó a los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero, que culminó con la firma de un convenio, donde la vecina provincia se comprometió al plan de vinaza cero y ceniza cero, clausurándose toda industria que infrinja la regla. Se decidió pedir la suspención de los plazos procesales ante la Corte, que celosamente sigue de este proceso”.

Reconocen la lucha santiagueña

Entre los funcionarios nacionales presentes, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de Medio Ambiente de la Nación, Ariel López, al concluir el panel, se complació por el excelente nivel de los panelistas y elogió la exposición del defensor del Pueblo por su ahínco y compromiso en el tema. “Creo que Díaz Achával hizo una síntesis acabada de la situación, porque tiene un único y fuerte compromiso con esta temática”.

También, El defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella remarcó la decidida acción de la Defensoría santiagueña, con Fiscalía de Estado y el acompañamiento decisivo del gobernador, Gerardo Zamora. “Él planteó una acción amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia que habilitó que interviniera la SADyS, logrando que 11 ingenios realizarán inversiones importantes”.