Explosiones. El juicio. Cuando González de la Vega admitió el atentado

Explosiones. El juicio. Cuando González de la Vega admitió el atentado

Uno de los  imputados por  las explosiones  admitió en el  año 2000 que la  tragedia en la  planta militar  fue intencional. Le queda aún la oportunidad de la última palabra antes de la sentencia, pero durante el desarrollo del juicio no se refirió ni remotamente al atentado o hecho intencional, que sí había admitido años atrás en una entrevista periodística.

El coronel retirado Edberto González de la Vega, al igual que los restantes tres imputados por la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, se cuidó de no hacer referencia a esa posibilidad durante su declaración en el juicio oral que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, proceso que se encuentra en etapa de alegatos.

La estrategia de la defensa apuntará a desacreditar las conclusiones de las pericias químicas, que concluyeron que las explosiones fueron intencionales, programadas y organizadas, y a negar la responsabilidad de sus defendidos en la tragedia, que causó siete muertos.

Intencionales

En una entrevista concedida al diario porteño La Nación el 3 de octubre de 2000, mientras se encontraba detenido en el marco del proceso judicial por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, González de la Venga fue claro y directo al mencionar el origen intencional de las explosiones, con el fin de “borrar” las evidencias de esas maniobras ilícitas, en función del rol clave que tuvo la planta estatal local en la preparación de las municiones y armamentos embarcados.

La explosión de Río Tercero “fue intencional y creo que sus autores quisieron tapar pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, afirmó González de la Vega al periodista Jorge Urien Berri.

González de la Vega está siendo juzgado por su presunta responsabilidad en el estrago, pero pesa sobre él una condena a prisión (que aún no está firme) por el contrabando de armas.

El militar fue enviado a Río Tercero, sugestivamente, a una semana del atentado, y nombrado al frente de la fábrica como interventor. Durante su corta gestión, fue el encargado de aceitar las relaciones públicas con la comunidad. Era el encargado de informar acerca del avance en las tareas de recolección de proyectiles dentro de la planta, y aquellos esparcidos en la ciudad. En el juicio oral, los abogados de la querella le achacaron haber ordenado “tapar” los cráteres de las sucesivas explosiones que afectaron los depósitos de municiones.

Pero en esa entrevista con La Nación, González de la Vega dijo que su “comisión” en Río Tercero fue una “trampa” para involucrarlo en el encubrimiento y proteger de ese modo a otro de los imputados, Carlos Franke quien estaba a cargo de la Dirección de Producción de FM. “De él dependían las fábricas”, enfatizó González de la Vega. Antes de su llegada a Río Tercero, el militar encabezaba el área de Coordinación Empresaria de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

Al referirse a la causa Río Tercero, González de la Vega se explayó: “Fue intencional, para mí no cabe otra posibilidad. Me cuesta creer en un accidente porque ese material necesitaba un calor tremendo e instantáneo para explotar. Y en Río Tercero no hubo una explosión, sino varias y espaciadas.

“¿Quiénes volaron Río Tercero?”, interrogó el periodista. “Ni los efectivos, ni los operarios. Creo que los autores no quisieron ocasionar un desastre, pero sí tapar pruebas del contrabando”, respondió.

Las explosiones ocurrieron cerca de las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995; era día de pago de salarios y en ese entonces se realizaba con dinero en efectivo, dentro de la planta, que ingresaba dentro de un camión blindado de transporte de caudales.

En ese marco, González de la Venga mencionó una hipótesis inquietante. “Me extraña que no se investigara el camión de Juncadela. Un camión blindado es el sitio ideal para observar sin peligro”, aventuró.

Las afirmaciones del exdirectivo de FM no pueden ser analizadas dentro del proceso judicial, puesto que el imputado no las mencionó en el juicio.

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