Las organizaciones comenzaron posicionándose en desacuerdo con que la agricultura orgánica a gran escala sea una alternativa para la Argentina, ya que “sólo podría ser viable con un apoyo gubernamental muy importante como para que el producto pueda acceder a infraestructura, información y mercados para poder llevar a cabo este tipo de prácticas”.

En referencia al artículo 1 de la Ordenanza, observaron “una discriminación hacia el sector, ya que el productor debe adecuarse a ciertas normas restrictivas, mientras que otras actividades con el mismo o mayor efecto sobre la salud y el medioambiente quedan excluidas”.

Sumado a ello, evidenciaron ciertas contradicciones como por ejemplo, el uso de productos “de jardín”, pertenecientes al grupo III calificado como “poco peligrosos”, hecho que estaría mostrando una falta de “análisis, tratamiento y confección y votación de la Ordenanza” a conciencia, por parte de los concejales, quienes deberían haber pedido “el aporte de profesionales idóneos u organismos nacionales” relacionados a la temática.

“Nuestra mayor preocupación es el grave impacto económico y de productividad hacia el sector agropecuario”, expresa el comunicado e indica que con esta Ordenanza “no se podrán producir cultivos de arveja, trigo, sorgo, maíz, etc dejando la soja como única opción productiva, incentivando el monocultivo, que es considerado tan perjudicial para el medioambiente”.

“También nos preocupa el efecto sobre pequeños productores afectados por la zona de exclusión (300 metros de la zona urbana), donde consecuentemente proliferarán malezas, roedores, reptiles o posibilitándose zonas de asentamiento”, concluyen con su descargo los productores.