El triunfo de la Argentina en Naciones Unidas, donde la Asamblea General votó el jueves pasado la propuesta que genera un marco regulatorio para las reestucturaciones de deudas soberanas en contra del interés de los fondos buitre, fue acompañado por un amplio universo de abogados, economistas y académicos, para quienes las finanzas mundiales no pueden seguir sujetas al arbitrio de los especuladores. Tiempo consultó a varios de ellos para conocer sus opiniones tras la crucial votación. Martín Guzmán y Xavier Timbeau son dos de los 19 economistas que, encabezados por Yanis Varoufakis y Thomas Piketty, firmaron una carta abierta en apoyo a la iniciativa argentina poco antes de la Asamblea General. Este diario también consultó la opinión de  Domenico Lombardi, Barry Eichengreen y Raúl Sampognaro.

Los nuevos principios de la ONU "son el comienzo de un proceso largo que busca culminar con la implementación de un marco legal multinacional que acabe con el vacío jurídico existente. Es necesario ir en esa dirección. De lo contrario, resolver las crisis de la deuda seguirá siendo un enorme problema", destacó Martín Guzmán, investigador de posdoctorado en la Universidad de Columbia y colaborador del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. El economista, de origen argentino, agregó que "lo que vemos hoy es que una crisis de deuda se puede volver fácilmente en una tragedia social, en la que las imposiciones de los acreedores para hacer frente a los pagos agrava la situación económica, conduciendo a más desempleo, más pobreza y más desigualdad", y aclaró que en el sector privado hay leyes de quiebra que impiden esta situación.

Barry Eichengreen, especialista en Economía Internacional de la Universidad de Berkeley, consideró que la votación de la ONU es positiva, pero matizó sus efectos prácticos. "Es una acción simbólica. No puede tener implementación sin la venia del gobierno de los Estados Unidos, y no hay perspectivas de que el Congreso de los EE UU vaya a aceptar", por lo que se manifestó a favor de la implementación, "por pragmatismo", de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que cierran el camino a litigios individuales cuando hay una masa de acreedores que acepta una renegociación de deuda.

En cambio, para el presidente del Centro de Innovación en la Gobernanza Internacional (CIGI), Domenico Lombardi, los principios tienen una utilidad concreta: "Atraen la atención al problema y al final terminarán forzando a los países no cooperativos a que contribuyan de alguna manera."

La visión crítica de los fondos buitre es un punto común en todos los consultados. Para Guzmán, "no deberían ser legales. Los fondos buitre no realizan ninguna contribución a la sociedad. Ellos nunca invierten en los países. Lo que hacen es comprar deuda de países que están sufriendo crisis económicas que los llevan al default, para luego explotar vacíos legales y obtener ganancias exorbitantes. Lombardi, por su parte, agregó que "desincentivan a los inversores de largo plazo", y Xavier Timbeau y Raúl Sampognaro, economistas del Observatorio Francés de Coyuntura Económica (OFCE), opinaron que "la necesidad de un proceso suave para el default de las deudas no es compatible con la existencia de fondos buitres".

El examen crítico se extiende a las decisiones del juez Griesa. "No creo que el fallo del pari passu de Griesa esté bien concebido. No conozco muchos economistas que digan que es sensato. El mundo necesita un sistema que balancee la ejecución de los contratos, por un lado, y la reestructuración ordenada, por el otro. Griesa rompe este delicado balance", opinó Eichengreen.

En la visión de Guzmán, el fallo "es un concierto de disparates. Para Griesa, cobrar la totalidad de un bono que compraron por un 20% de su valor y a eso sumarle intereses y punitorios, es lo mismo que si los acreedores hubieran aceptado una quita. No hay nada de 'trato igualitario' en esa interpretación".

Timbeau y Sampagnaro agregaron que "parece un exceso de jurisdicción" el intento de Griesa de bloquear los pagos de deuda bajo legislación inglesa o argentina.

Donde hay más debate entre los economistas es sobre si la Argentina debe acceder a los mercados internacionales y si el litigio de los fondos buitres limita el acceso al financiamiento. Según Lombardi, "en cierto momento, la Argentina va a tener que sumarse al sistema internacional. Los eventos recientes no van a tener un impacto significativo dado que la Argentina es considerada una víctima de estas sentencias".

Timbeau y Sampognaro consideraron que el problema del financiamiento es importante pero que existen diversas formas de enfrentarlo. "Ese es el corazón del asunto y por eso los fondos buitre presionan sobre esa ventaja que poseen. Pero quizá la Argentina se pueda arreglar con el crédito de instituciones internacionales, como el Fondo Monetario o su equivalente en los países latinoamericanos, como el Banco del Sur o el banco de los BRICS, por lo que sería una solución a los problemas."

Para Eichengreen, en cambio, la falta de acceso a las divisas es un problema relativo porque la fuente del crecimiento y del desarrollo proviene de dentro de los propios países. "La decisión mal asesorada de Griesa le hace las cosas difíciles a la Argentina a la hora de pedir prestado dinero. Es posible que el país pueda tomar deuda en ciertas jurisdicciones por fuera de los EE UU, pero los esfuerzos de los fondos buitre para embargar activos en esas jurisdicciones podría complicar esos intentos. Esa es la mala noticia."

Sin embargo, el endeudamiento históricamente no ha sido la fuente para el desarrollo y los períodos más prósperos de la Argentina se sucedieron en situaciones de muy baja deuda. Para Eichengreen, esto tiene una explicación: "La buena noticia es que los países no sólo pueden sobrevivir, sino hasta progresar sin pedir prestado." Para el economista, "lo único que hay que hacer es aumentar las tasas de ahorro doméstico para financiar la inversión propia".

Por ello, Eichengreen concluyó que "como dicen en el tenis, la pelota está en tu cancha", negando así que los fondos buitre puedan condicionar la política económica ni sus resultados, si la estrategia económica es consistente. «

DE AMNistía

"Los Estados deudores deben implementar salvaguardas que limiten el impacto de las resoluciones de controversias por parte de jurisdicciones extranjeras sobre los Derechos Humanos", manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Amnistía manifestó su beneplácito en que "los acuerdos sobre deuda externa no sean inconsistentes con las obligaciones de los Estados de garantizar niveles básicos de derechos económicos".