Expendedores preparan más denuncias contra la venta ilegal de combustibles

Expendedores preparan más denuncias contra la venta ilegal de combustibles

La Federación de Entidades de Combustibles, presidida por Julio César Alonso, elevará en los próximos días al Secretario de Energía Gustavo Lopetegui, un nueva carpeta sobre el detalle de los puestos de reventa clandestinos que funcionan en todo el país.

El Tesorero de la organización y Presidente de UENYA,  Juan Carlos Basílico alertó que insistirán ante el titular de la cartera energética contra la venta ilegal de naftas y gasoil porque “la población corre riesgo en todo sentido si no se corta con estas operatorias”.

La Federación de Entidades de Combustibles recordó que los técnicos le entregaron sendas investigaciones a Lopetegui bajo la promesa del funcionario de continuar el trabajo realizado en conjunto por su antecesor Javier Iguacel para clausurar más de diez puestos clandestinos de reventa de gasoil y nafta, identificados por los dirigentes empresarios.

En ese sentido, Basílico recalcó que a pesar de que la respuesta de la Secretaría de Energía no se concretó todavía, se están investigando nuevos casos que serán elevados a la cartera de gobierno en pocos días, a la vez que recordó que el anterior secretario procedió con éxito al cierre de cuatro puestos que no cumplían con las exigencias de seguridad e higiene que le caben a las Estaciones de Servicio.

En ese caso, reclamaron la acción rápida y directa de las autoridades contra la proliferación de puntos de venta irregular de combustibles líquidos, que de acuerdo a la FEC, “constituyen tanto una competencia desleal hacia el sector formal de distribución y expendio de combustibles de uso automotor, como también una amenaza para la seguridad ambiental”.

Además, llamó a todas las Federaciones del país a unificar los esfuerzos para enfrentar el problema de los lugares clandestinos que de manera ilícita realizan negocios delictivos con un material tan peligroso como los hidrocarburos.

Replicó que los operadores asumen importantes costos y compromisos para con el mercado minorista formal de combustibles, pesando sobre los mismos múltiples obligaciones: tributarias, financieras, laborales, previsionales, medioambientales y de compromiso con sus clientes, que la clandestinidad evade, por lo que resulta una “obligación del Estado terminar con estas prácticas”.

Además aseveró que la FEC, con su característica de Convenio Colectivo de Trabajo nacional, está elaborando junto al sindicato las acciones relativas a impedir estos abusos que no solamente atentan contra el trabajo genuino de los expendedores pymes, sino también, contra la salud pública.

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