El expediente del Correo sobre Macri, en peligro

El expediente del Correo sobre Macri, en peligro

En lugar de mandar una copia, en una maniobra insólita, la Cámara envió el original a la Auditoría. El caso está frenado.

Cambiemos. El proceso judicial entre el padre del Presidente y el Estado que lidera su hijo se estancó. El litigio financiero que inició Franco Macri, el ex dueño privado de la empresa postal privatizada en los 90 contra la Administración Nacional, que terminó en la firma de un acuerdo cuestionado por una fiscal a mediados del 2016, no avanza. Primero: el expediente original del caso duerme en una habitación anti-incendios, custodiado por gendarmes armados, dentro del edificio de la Auditoría General de la Nación (AGN). Los auditores habían solicitado la causa a la Justicia para estudiar el caso, tal como les exigió que lo hagan una comisión revisora de cuentas mixtas del Congreso.

La AGN debe revisar dos variables de esta trama en la que el propio Presidente se podría ver involucrado en un conflicto de intereses debido a un doble rol: es hijo de uno de los principales contratistas del Estado durante cuatro décadas; y es el Jefe de Estado al que varias compañías de su familia están -o estuvieron- ligadas en diferentes negocios. Entre ellas se encuentran algunas que le iniciaron juicio al Gobierno, o que tienen socios que impulsan otras denuncias económicas similares, pero presentadas ante el Centro de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal internacional.

La AGN tiene el mandato parlamentario de revisar la firma del convenio que dio por terminado el juicio que Franco Macri le había iniciado al Estado K por sus diferencias respecto a la privatización y estatización del Correo, una cuestión que fue cuestionada por la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Y los auditores también revisarán lo actuado al respecto por el Ministerio de Comunicaciones, de Oscar Aguad.

La AGN pidió a la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el expediente de este caso. Hubo retrasos en esa solicitud. Cuando se cumplió, se concretó de una forma que espantó a la AGN.

Ese organismo pidió copias certificadas de ese expediente, algo absolutamente habitual en revisiones como ésta.

Pero la Cámara de Apelaciones en lo Comercial le envió a los auditores la causa original del “Correo-gate”.

Que ese expediente, y no sus fotocopias legales, esté ahora fuera de los Tribunales del fuero comercial significa varias cosas. En primer lugar, la causa estará paralizado en la Justicia hasta que regrese de su insólito traslado a la AGN.

Segundo: si algo le llega a pasar a esos papeles originales, la causa entrará en un espiral de sospechas del que será muy difícil salir para las autoridades.

Fue por eso que la cúpula del AGN, cuando descubrió que la Cámara de Apelaciones en los Comercial les había enviado los papeles judiciales originales del caso, entró en pánico. Y acudió al Gobierno para exigir seguridad para esas fojas, vistas de lejos, iguales a cientos de miles de trámites que atarean a los magistrados y fiscales de todo el país.

En estos momentos, esas fojas están custodiadas por hombres con armas en un lugar en el que no podrían arder, consumirse y desaparecer víctimas de un fuego repentino.O en un sitio en el que nadie debería poder “quitarle” hojas.

Esos papeles, en los que constan, o no, posibles conflictos de intereses entre la familia Macri y el Gobierno de Macri, viajaron errabundos fuera de los límites tribunalicios. Un camino que deberán hacer de vuelta.

Nada de esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Pero el caso del “Correo-gate” suma así una nueva variable al enredo en el que quedó encerrado el Presidente.

A esto se suma que el funcionario que estudiaba desde el punto de vista jurídico este caso, en representación legal del Estado, Carlos Balbín, procurador General del Tesoro, fue desplazado de su puesto precisamente cuando el tema estaba por tener un desenlace.

Su remoción no parecería ser la situación más indicada cuando el Gobierno debe ser transparente y pasar los filtros de control gubernamentales de una trama que podría tener un costo político y judicial para el Presidente.

Antes de ser despedido, el ahora ex procurador Balbín esperaba la última semana de plazo que tenían los ministerios vinculados a este “leading case” de transparencia de Cambiemos para entregarle información.

Su dictamen sobre el tema no iba a ser del todo favorable para el Poder Ejecutivo, aseguraron fuentes de la Procuración a Clarín.

Balbín es un hombre respetado y querido por Elisa Carrió. De origen radical, conocía también a un dirigente criado en la UCR con el que consultó los temas de mayor relevancia judicial, como mínimo desde que Macri se consolidó como Jefe porteño, cargo al que accedió en el 2007. Ese el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Balbín era uno de los pocos puntos en el que se podían cruzar dos paralelas de Cambiemos: Angelici y Carrió.

Balbín ya no ocupa su cargo público. Estudiaba casos de posibles conflicto de intereses entre la familia presidencial y el Estado.

Cuando fue invitado a dejar su puesto, el Gobierno le ofreció otra función en la Cancillería. Balbín lo rechazó. Su salida de un cargo crucial para el Estado fue, en público, cordial.

¿Por qué los funcionarios que dejan el Gobierno, hasta ahora, se fueron en medio de una supuesta paz y conciliación absoluta con la Casa Rosada cuando el paso del tiempo lo desmiente?

Esto ocurrió en el caso del ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni; con el primer presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Y. sobre todo, resultó más evidente con el despido de Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas. Profesional, llegada desde el ámbito privado al público, no habla de su salida.

Suficiente el silencio.

El Ministerio de Justicia es la sede, hoy, de un huracán administrativo que carga con el mandato presidencial de rediseñar el Poder Judicial tras doce años de era K.

Es también el centro en el que giraron acuerdos políticos que aun no son públicos y podrían llamar la atención de distintos aliados de Cambiemos.

Un ejemplo: en ese organismo empezó a trabajar una de las ex funcionarias judiciales más polémicas de la Provincia de Buenos Aires. Fue despedida de ese cargo por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Se trata de la ex jefa de los fiscales bonaerenses, la ex duhaldista, ex kirchnerista, ex abogada de Aníbal Fernández, María del Carmen “Pochi” Falbo. Sus labores en el Estado M son ad honorem, reconstruyó Clarín en base a fuentes oficiales. Cuando la noticia fue conocida por fiscales federales de Buenos Aires que la denunciaron por delitos de distinto tipo durante años, y finalmente habían dejado de ser sus subordinados, quedaron atónitos.

El día que se anunció que Balbín dejaba su cargo, SIDECO, una de las empresas la familia Macri, en la que el Presidente no posee participación, anunció que pondría a la venta el 7% de las acciones que posee en una sociedad con otras compañías en la concesión de los peajes de la Panamericana y el Acceso del Oeste.

El Partido de Gobierno tiene de nombre un verbo que se conjuga en la primera persona del plural, tanto en el modo Imperativo, como en el Subjuntivo, de la misma manera.

En la campaña electoral del 2015, daba una idea de un futuro: “Cambiemos”.

Ese futuro llegó.

Ese verbo, en el modo Indicativo, es decir, el que se usa para remarcar acciones que se cumplen en la realidad, se pronunciaría así: “Cambiamos”.

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