Expectativa en Santa Fe ante cambios en la ley del cheque

Para el ministro Bonfatti llegarían antes de fin de año. Santa Fe insiste con sus reclamos por deudas de la Nación hacia la provincia. El análisis electoral del titular de la cartera política del gobierno de Binner.
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, insistió en reclamar la transferencia de fondos nacionales adeudados a Santa Fe que estimó en cuatro mil millones de pesos, se mostró optimista en un pronto cambio de la coparticipación de la ley de cheque y admitió errores en la campaña legislativa del Frente Progresista en la provincia marcando entre ellos la no presencia de dirigentes de la ciudad de Santa Fe en lugares expectantes de candidatos a diputados nacionales.

—A casi dos semanas del comicio ¿qué evaluación hace el Ejecutivo provincial de lo ocurrido en Santa Fe?

—Obviamente, primero el respeto al que gana. En cuanto a la elección en sí misma fue muy pareja entre un candidato extremadamente conocido en la población y un candidato al que hubo que tratar de imponer su nombre en toda la provincia. Por otro lado, creo que cometimos en error en el Frente Progresista, Cívico y Social: no tener un postulante de Santa Fe. Estas, a veces, son las dificultades en la constitución de los frentes, pero son situaciones que las vemos a posteriori. Hemos hecho una excelente elección y estamos fortalecidos porque nuestro proyecto tiene un año y cinco meses. Hay cosas que deben visualizarse, materializarse, requerimos tiempo. Confrontamos nuestra idea de un modelo de proyecto político, por eso todos los actores del Frente Progresista hemos participado del proceso electoral, porque entendemos que cuando uno defiende las ideas y proyectos todos tenemos que sumarnos a ellos. Esto no es una cuestión de voluntad individual, o de personalidades, es un proyecto de todos y así lo asumimos.

—El mensaje de las urnas parece dejar un país diferente desde el punto de vista político.

—Creo que sí porque la ciudadanía en todos los distritos del país ha dado un mensaje. Es necesario sentarse, es necesario escuchar, tomar medidas que contemplen al menos al conjunto. No se pueden imponer las cosas, este es un mensaje. Hubo un deterioro del gobierno de la presidenta que venía de ganar las elecciones con el 46%. La pérdida de consenso popular -a nuestro juicio- llega en función de medidas desacertadas que tienen que ver con las tomadas con el campo. Se cometió un grave error de no comprender la economía real del país y acá, Santa Fe fue muy perjudicada. Toda la economía se empezó a resentir, la cadena de la lechería, de la carne, obviamente los granos y ligado a esto la industria metalmecánica. Esto fue expresado en el voto.

—Y ahora la gripe A.

—Y el dengue previamente, la sequía tremenda que padece la provincia. Ahora la gripe, creo que más plagas no nos falta.

—¿Estos hechos perjudican la marcha del gobierno especialmente en su programa de obra pública?

—Obviamente que la disminución de la actividad económica significa una disminución de los ingresos que son siempre a partir de impuestos. Hay muchas obras que para nosotros son emblemáticas que tienen que ver con salud, con educación que están marchando hacia adelante, otras que estamos disminuyendo la ejecutabilidad pero las estamos siguiendo. La idea es seguir defendiendo esto. La prioridad número uno es el pago de los sueldos y los gastos corrientes que son rígidos e importantes en el Estado provincial.

—¿Con el nuevo Congreso tienen expectativas de que mejore la distribución de la coparticipación?

—Hay algunas voces que hablan de que antes de producirse el cambio de legisladores va a ver novedades con respecto al impuesto al cheque. Existiría una voluntad de elevar la coparticipación que hoy es sólo del 30%. Sería una medida importante que la venimos reclamando desde hace mucho tiempo.

—Pero además reclaman deudas de la Nación para con Santa Fe

—Más de 400 millones de la Caja de Jubilaciones, 700 de Afip, más ley del cheque, más los que nos retienen de Anses. Estimamos que la Nación está con una deuda cercana a los cuatro mil millones de pesos con la provincia. Además existen otras deudas que las hemos planteado al ministro (Julio) De Vido y que tienen que ver con tarifas de gas, con peaje eléctrico, con obras públicas, con viviendas, con drenajes de La Picaza y Cañada de Gómez, etc. Queremos que la Nación cumpla con sus compromisos.

—¿El Frente Progresista ya hizo la evaluación del resultado electoral?

—Hemos tenido conversaciones informales, no todavía una reunión de los partidos del Frente porque la semana pasada la Legislatura estuvo ocupada entre la Asamblea y la emergencia y postergación electoral, pero la semana que viene estamos iniciando una ronda de reuniones para evaluar el comportamiento electoral.

—Desde hace algunas semanas parece existir una puja entre la provincia y la justicia federal por el acceso a archivos de la dictadura en Santa Fe. ¿Cuál es la posición del Poder Ejecutivo?

—Cuanto más me parece que hay puja entre dos estamentos del gobierno nacional. Los archivos existen desde 1984. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo tratativas, hace muchos años, ante la Unesco para declararlos patrimonio de la humanidad. Si la Nación sabe de la existencia de este archivo y quiere declararlo patrimonio de la humanidad, mal puede no reconocerlos. Están a disposición de quien quiera tomar elementos, guardando los recaudos necesarios. Estos no se tomaron cuando vino una fiscal a llevárselos. No pueden sacarse los archivos, eso sólo es posible con orden judicial. La fiscal federal no tiene esa facultad y autoridad, sí puede fotocopiar, digitalizar como cualquier ciudadano tiene derecho; pero no a llevárselos, salvo que tenga una orden judicial.

—¿La orden judicial no existió?

—No existió y la fiscal no tiene la autoridad de un juez.

—Pero fue el Procurador General de la Nación quien puso en marcha el tema

—Habrá que buscar las razones en la Nación. Qué disputas están en juego lo desconocemos, pero los archivos están a disposición. A nosotros nos sorprendió la actitud. La secretaría de Derechos Humanos de la provincia ha estado en contacto permanente con el segundo de la fiscalía de la Nación. Han tenido reuniones y nos llamó la atención el procedimiento.

Obras menores

—El Ejecutivo promulgó la reforma a la ley de obras menores para que intendentes y presidentes comunales pueden destinar hasta el 50% para gastos corrientes. ¿Ya está el dinero disponible?

—Vamos a cumplir lo que dice la ley. Los intendentes primero deben optar porque pueden disponer hasta el 50% para gastos corrientes y en función de la situación financiera de la provincia se irá distribuyendo el dinero.

—Esta ley tiene quejas por las exigencias documentarias de la provincia

—La exigencia nos parece necesaria. No se puede no presentar una documentación cuando hay que rendir cuentas del dinero que es del Estado y se entrega a un municipio o comuna. Estamos por presentar una denuncia penal contra un presidente de comuna y existe ya un sumario administrativo a una funcionaria que certificó la realización de una obra que cuando se la fue a verificar no se la encontró. El Estado debe cuidar los dineros que son de todos.

—¿Fue una obra virtual?

—Fue una obra virtual y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente.

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