Exoneran a 52 municipales con antecedentes penales nombrados por Luis Juez

Los primeros siete despidos con causa se formalizarán hoy. La administración Giacomino ya había despedido a 34 agentes.
Con un primer lote de 7 empleados, la Municipalidad comenzó ayer el proceso para exonerar a 52 empleados designados durante la administración de Luis Juez que, en muchos casos, tienen antecedentes penales, según informó ayer el secretario de Participación Ciudadana, Guillermo Luque.

Tal como lo informara este diario en su edición del 21 de mayo, los 52 empleados tienen antecedentes penales o no han podido cumplir con la exigencia básica de presentar el certificado de buena conducta, aunque la gestión anterior decidió mirar para otro lado en el momento de la contratación.

En realidad, las exoneraciones empezaron a comienzos de año con el despido de 34 agentes por causas similares, aunque con un tácito acuerdo con el sindicato municipal: tan indefendibles eran esos empleados que el Suoem no protestaría esas bajas, siempre y cuando la Municipalidad no informara públicamente estas decisiones.

Por esto, el total de despidos con causa involucrará a 86 agentes, casi el uno por ciento de la poblada planta de municipales. Este achique no alcanza ni lejos a mover las agujas de la partida mensual de sueldos, que alcanza los 70 millones de pesos. Sin embargo, es una medida necesaria y "profiláctica" para con una planta rediseñada y redimensionada por Juez sin ningún criterio de calidad.

En este punto debe tenerse en cuenta que la anterior administración pasó a la mejor paga Planta Permanente alrededor de 4.500 contratados, sin perjuicio de que luego, hasta el mismísmo día anterior a su alejamiento del municipio -10 de diciembre de 2007- terminó designando otros 1.500 contratados.

Un caso concreto sería el de un familiar directo de Miguel "Cocó" Cabrera, hombre de la "mesa chica" de Juez, que ingresó al municipio el 30 de noviembre de 2007 y que contaría como antecedente penal el de "tentativa de robo", según confiaron funcionarios del Palacio 6 de Julio.

Otro caso paradigmático de la más absoluta falta de idoneidad o exigencias planteadas por Juez para contratar empleados, es que un agente por él designado habría violado a una joven, a la que luego debieron amputarle una pierna, según la información suministrada bajo el más estricto pedido de reserva.

Si fuera cierto sólo parte de la información que ha trascendido sobre una buena cantidad de los empleados en la lista de cesanteados, habrá que concluir que la cláusula de la Carta Orgánica Municipal, que obliga a un sistema de concursos abiertos para ingresar al Estado municipal, es un engendro sin ningún valor jurídico coactivo.

Esta cláusula data de 1995 pero a quince años se mantiene invicta. La primera "picardía" la cometió Rubén Martí cuando efectivizó, a un par de meses de finalizar su segundo mandato, a 1.500 contratados y sólo luego de esto, a días del 10 de diciembre de 1999, reglamentó el artículo en cuestión de la Carta Orgánica.

Pero esa reglamentación fue cuestionada por el sindicato municipal, que objetó hasta voltearlas a las sucesivas reglamentaciones, con el objetivo claro de que los concursos sean cerrados y así transformarse, con la cláusula de su tilde, en coempleador junto al intendente de turno.

El clímax de esta anomia llegó con Juez, quien en sus cuatro años como intendente, además de pasar a Planta Permanente a 4.500 contratados, designó cerca de 5.000 empleados: recibió en diciembre de 2003 una nómina de 7.500; ésta decreció a 5.000 con el régimen de jubilación anticipada dispuesta por la Caja en 2002; y en diciembre de 2007 trepó a 10.000.

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