Existen métodos de control formales e informales del poder

Los sucesos de Salvador Mazza, según los medios, parecieran incursionar en el terreno de la inconstitucionalidad y de un ejercicio del poder no del todo correcto, pero los medios sólo informan los hechos, los describen, no son órganos de control formal. Para ello las sociedades mantienen el equilibrio del poder político mediante órganos constitucionales.
Durante los siglos XIX y XX ese equilibrio estaba dado por el control recíproco ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ello se complementaba con la libertad de opinión y la libertad de prensa, que permitían a la comunidad un control informal de la actividad estatal.

En el caso de las aduanas interiores, disfrazadas de tasas compulsivas por pavimento o fumigación que se habrían constituido en Salvador Mazza, el sistema indicado de control del poder político parece insuficiente. Por casos similares a éste, producto de la evolución de los tiempos, Salta, primero, y la Nación, ocho años después (1994), crearon un nuevo control constitucional, el Ministerio Público independiente, con un papel no sólo limitado al control de los jueces sino que sus deberes abarcan la defensa de los intereses generales de la sociedad. Además de órgano de control, representan a los intereses sociales.

El hecho es que en la sociedad se instaló la noticia de irregularidades municipales que afectan garantías constitucionales y ese estado de incertidumbre lleva varios meses sin resolverse.

Los facultados para ejercer el control son los fiscales del Distrito Judicial del Norte, circunscripción Tartagal.

Es que el artículo 166, inciso c, de la Constitución de Salta impone a los funcionarios del Ministerio Público el deber de "velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías, estando legitimados para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, actos, contratos o resolución de cualquier autoridad pública provincial o municipal", además del de promover de oficio la acción penal pública cada vez que tengan noticia o denuncia de un delito, siendo también titulares de la menos conocida acción civil pública.

Estos deberes tienen un correlato con el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dispone que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal", y con el 23 de la Constitución de Salta, más extenso y también más moderno, que garantiza la libertad de expresión y de información, otorgando a los habitantes el derecho a réplica y a la reparación judicial, pero excluyendo de este derecho "a los funcionarios, por informaciones referidas a su desempeño o función", disposición que evita amedrentamientos y se engarza con la garantía del artículo 89: "No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

Todo este entramado constitucional articula, tanto el control formal como el informal sobre la actividad de gobierno y sobre el poder público. En el caso de Salvador Mazza, el control informal comenzó hace ya muchos meses cuando la comunidad fue informada, pero el control formal no se ha activado aún.

Resulta deseable que quienes están legitimados para actuar lo hagan, no para iniciar una caza de brujas, sino para aventar dudas y despejar sospechas sobre las disposiciones administrativas que se están aplicando. Y si así corresponde, comunicar a la sociedad que no existe irregularidad alguna, dando por terminada la cuestión, porque controlar es una cosa y sancionar otra muy distinta.

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