Existe una discusión pendiente

Punto de vista por Miguel Braun - Director Ejecutivo de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
La reciente suba de la dieta de los ediles del interior de Tucumán, que elevará de $ 2.500 a $ 3.000 el tope salarial para los concejales, reaviva el debate sobre el “costo de la política” y la valoración que la sociedad tiene de las funciones políticas. Existe, en la Argentina, una discusión pendiente sobre los niveles salariales socialmente deseables para los funcionarios públicos.

Si se espera que los funcionarios sean personas bien capacitadas para asumir las responsabilidades que la sociedad les delega, es necesario que estos puestos estén bien pagos. De lo contrario, profesionales que en el sector privado reciben sueldos mucho mayores no aceptarán cargos públicos y, lógicamente, la dedicación política no puede ser un lujo exclusivo de quienes tienen ingresos suficientes por otros medios legales o se financian utilizando al Estado cada vez que acceden a un cargo público.

Además, en un país donde los casos de corrupción son constantes y donde la percepción de ineficiencia acerca del Estado es muy alta, confiar en que se acercarán a la administración estatal solamente personas interesadas en el bien público resulta bastante ingenuo.

Existe, en ese sentido, cierta hipocresía social en demandar mérito e independencia en la función pública y al mismo tiempo cuestionar cualquier iniciativa que pretenda sincerar las remuneraciones en los cargos políticos.

Por otro lado, en la Argentina los salarios políticos “formales” generalmente reflejan sólo una parte de los ingresos reales percibidos por los funcionarios, déficit de transparencia que incrementa el cuestionamiento social hacia las funciones políticas y agrava el círculo de deslegitimación. Por eso, y siempre y cuando se acompañe con sistemas de monitoreo adecuados, pagar salarios más altos puede ayudar a reducir la corrupción y aumentar la probabilidad de que los funcionarios perciban que reciben un salario justo.

La austeridad que la sociedad exige a la clase política -reclamo que se profundiza cada vez que una crisis amenaza la economía doméstica- no se logra a costa de medidas que alejan a funcionarios idóneos. Por el contrario, se alcanza mediante la atracción de profesionales capacitados, a los que se les exija realizar una administración prudente, seria y honesta de los recursos del Estado. Sin duda, cuando la actividad política sea una profesión menos alejada de la comprensión y de las aspiraciones posibles de más ciudadanos, aumentará su reconocimiento como una actividad esencial de la vida en sociedad y, por ende, su legitimidad.

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