Eximen de impuestos al Sheraton por 15 años

El oficialismo legislativo autorizó al Ejecutivo a firmar un convenio con empresarios para radicar en la capital un hotel cinco estrellas. La oposición cuestionó los beneficios fiscales y las condiciones en las que se promueve el acuerdo con el sector privado
La autorización para que el Ejecutivo celebre un convenio con empresarios para que se instale un hotel cinco estrellas en la capital fue dada ayer por la Legislatura, con el voto de 40 oficialistas (no estuvieron Jorge Mendía, Paula Khoder, José Alberto Cúneo Vergés ni Alberto Conte). El acuerdo podrá ser firmado el próximo mes como pretende el Gobierno, que quedó autorizado a vender parte del predio estatal de avenida Soldati entre Haití y Guatemala (de casi 8.000 m2), en no menos de $ 5 millones.

La ley prevé que en el edificio se incluya una sala de convenciones y se permite la instalación de un centro de juegos de azar.

La norma determina que el establecimiento debe pertenecer a la cadena Sheraton o a otra de reconocimiento internacional equivalente, cambio que tendrá que ser aprobado por el Ejecutivo.

La Provincia otorgará U$S 11 millones en concepto de reintegros a la inversión mediante créditos fiscales transferibles, y comenzará a ser pagado luego de que estén edificados cinco pisos en la estructura de hormigón.

A la vez, se dispuso la exención total de impuestos por 15 años, con la posibilidad de extenderlo cinco años más.

La ley, tanto por sus términos económicos como por la falta de un marco amplio de beneficios para todos los que pretenden montar hoteles, fue rechazada por la oposición.

Debate político

“El Gobierno hace lo correcto para convertir a Tucumán en una provincia turística”, aseveró Gregorio García Biagosch. Agregó que los principales Estados disponen de beneficios fiscales.

El opositor Ricardo Bussi aclaró que FR respalda la llegada de hoteles de jerarquía pero no la forma en que se lleva a cabo la radicación de estas empresas. “Basta de dictar leyes con nombre y apellido; deben ser normas marco, en condiciones de igualdad entre todos los interesados, para que haya transparencia y seguridad jurídica”, señaló.

Consignó que no tiene datos sobre la cotización del lote por venderse, y cuestionó que el pago previsto en siete años para su cancelación (con los dos primeros de gracia) sea sin intereses ni actualización, por lo que no prevé el impacto de la inflación (la calculó en 63%). Por eso, propuso que se fije su valor en dólares.

El radical José Cano también cuestionó la cotización del inmueble estatal, la que consideró por debajo del valor de mercado, así como que la garantía sea el propio predio hoy en manos de la Provincia. “La generosidad no tiene límites y se dejará de lado la percepción de impuestos por 20 años; es un regalo que alguien pagará y seremos los tucumanos, porque los fondos salen del erario. En cambio, para los jubilados no hay dinero”, contrastó.

Cano objetó que no haya una ley marco para todos los que quieran invertir, lo cual, a su criterio, permite que de un lado del mostrador estén los inversores y, del otro, el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer.

Por el contrario, el oficialista Carlos Canevaro reivindicó que el convenio sea individualizado por sus características específicas, y recordó que rige la Ley 7.886, que nunca fue reglamentada pero es mencionada en el texto. Admitió que el acuerdo apunta a que se instale el Sheraton u otra cadena similar, lo que fomentará el turismo. Y dijo que el radical era contradictorio.

Cano retrucó diciendo que las palabras de Canevaro sonaban hipócritas. “Canevaro pidió juicio político cuando era hipercrítico de José Alperovich. No puede hablar de nosotros”, dijo. El oficialista contestó: “cada uno puede tener distintas posiciones políticas; fui un acérrimo opositor y luego construí mi propio partido y me acoplé a quien tenía el mejor proyecto para Tucumán”.

“Ley indigerible”

“No se prevé la calidad física ni el tamaño del hotel, no hay proyecto alguno. Esta ley es indigerible, cuando se fomenta el vicio del juego, la corrupción, la prostitución y la inseguridad”, planteó el laborista Osvaldo Cirnigliaro.

El opositor Esteban Jerez advirtió que la sanción de la ley implicaba la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional y el principio de igualdad consagrado (“hay una infinidad de Pymes locales que están en crisis y que no reciben un trato adecuado por parte del Gobierno”, dijo), y fustigó los beneficios económicos y el monto del predio por venderse.

Por el alperovichismo, Armando Cortalezzi defendió la iniciativa al considerar que abre una nueva etapa en Tucumán. “Es una inversión estratégica para atraer el turismo internacional, no es ninguna liberalidad ni ningún regalo. Todavía está por verse si esa marca quiere venir a Tucumán”, sostuvo Antonio Raed.

Para cerrar, Roque Alvarez destacó que el PE está habilitado por la Constitución provincial a realizar la operación por la cual se lo autorizó ahora por ley. “Estamos lejos de ser considerados un polo turístico y no creo que sólo con el Sheraton podamos serlo. Queremos un hotel cinco estrellas con centro de convenciones, sea de esa marca o de otra, porque este es un eventual convenio. No hacemos negocios en Casa de Gobierno ni sancionamos una norma de excepción: las pautas están fijadas en la Ley 7.886 y en otras”, manifestó. Recalcó, finalmente, que Salta otorgó U$S 120 millones en créditos fiscales para alentar inversiones en turismo.

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